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Pasaron más de tres años antes de que las familias de Luis Ojeda, Gregorio Vite y Enrique Bartolomé Hernández, los tres empleados de la empresa Conservación Pilotes de Control, S.A., (Copicosa), que fallecieron en las profundidades de la Torre B2 de Pemex, fueran tratados como el resto de las víctimas mortales de la explosión ocurrida el 30 de enero de 2013.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que Pemex deberá pedirles una disculpa pública, además de indeminizarlos económicamente por un monto que podría alcanzar los 10 millones de pesos por familia.
María Luisa Ojeda esperó tras los barrotes del complejo administrativo hasta que su hermano Luis fue rescatado. Revisó la mayoría de los cuerpos desfigurados y hechos pedazos. Luego de dos días sin que les dieran noticias de su hermano y de los compañeros que trabajaban en el fondo de la torre nivelando los pilotes, las familias denunciaron su olvido. El personal de Recursos Humanos de Pemex les pidió no preocuparse porque los iban a indemnizar “como si fueran petroleros”. El de Luis fue el último de los 33 cuerpos que se recuperaron.
Las tres familias de los empleados subcontratados recibieron un ataúd y el pago de los servicios funerarios por parte de Pemex. La empresa Copicosa pagó 148 mil pesos por el término de la relación laboral. De la indemnización por muerte nadie se quiso hacer responsable. Ni siquiera fueron invitados al homenaje que un mes después se hizo en honor a las víctimas de la explosión.
El nombre de Luis Ojeda, rebosado en letras doradas, era el primero de aquella madera negra que develó el presidente Enrique Peña Nieto. Con el dinero de esta demanda, María Luisa piensa saldar las deudas adquiridas desde hace tres años. Tiene varios meses acumulados de rentas vencidas y una orden de desalojo. Aún se desconoce la cifra total que recibirán.
En la demanda presentada por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, de la que Alberto Guerrero Rojas es director general y representante de las familias, se solicita que, según la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se dé la reparación de los daños moral y directo por muerte, además de los conceptos de lucro cesante (la cantidad que deja de percibir la familia por la muerte de su familiar) y las disculpas públicas de las autoridades, garantías incluidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
La resolución del proyecto elaborado por Rafael Estrada Sámano, y aprobado por nueve de los 10 magistrados del TFJFA, aún no es pública, pero la demanda de indemnización se eleva a un promedio de 10 millones de pesos por cada familia. “Hemos invertido todo nuestro tiempo. Es un proyecto muy bien logrado”, confirmó el magistrado presidente, Manuel Hallivis Pelayo, luego del fallo.
Según el abogado Guerrero Rojas, la sentencia marcará precedente en la reparación de daños en casos semejantes, como el de los familiares de los trabajadores muertos por la reciente explosión del complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
“En realidad, no existe un impedimento para recibir una indemnización moral y civil, independientemente a la vinculación laboral”, explica el abogado.
Pemex confirmó a EL UNIVERSAL que acatará el fallo del TFJFA, sin aclarar si utilizará el periodo de tres meses que le otorga la ley para apelar.
