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La aplicación parcial del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) ha evitado que más de 15 mil personas en un año pisen la cárcel por cometer delitos que no se consideran graves, cifra que no revela impunidad sino los cambios culturales y de operación que forman parte de este modelo penal, afirma la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow.
La encargada de la transición para que la reforma penal aprobada hace ocho años entre en vigor al 100% el próximo 18 de junio señala en entrevista con EL UNIVERSAL que el nuevo modelo de justicia ha servido para que 120 mil asuntos penales se resuelvan mediante acuerdos conciliatorios aprobados por las víctimas.
Los reportes de Setec revelan, sin embargo, que sólo cuatro de las 32 entidades tienen un nivel óptimo para aplicar en su totalidad la reforma y alcanzan calificaciones arriba de nueve; otros seis estados y la Ciudad de México tienen “preparación alta” para hacer frente al cambio en los modelos de justicia que se aplican en México.
En la Metodología para la Clasificación y Estratificación de los Avances del NSJPA elaborado por la Dirección General de Planeación de la Setec, 18 entidades tienen una calificación que va de 6 a 7.4 puntos porcentuales, con una preparación media alta, pero tres estados están en una posición crítica para hacer frente a las modificaciones: Guerrero, Sonora y Baja California Sur tienen calificaciones menores a 6 puntos al momento de medir avances.
Fromow Rangel admite que el NSJPA enfrenta tres debilidades: la falta de preparación de los policías que llegan primero a una escena en la que se cometió un delito, la necesidad de fortalecer a la policía de investigación en todas las procuradurías y fiscalías estatales, así como la creación de sistemas de análisis que permitan elegir mejor a las personas que sí son candidatas a una pena alterna para evitar la prisión preventiva.
Señala que hasta el momento sólo 70% de los policías estatales y municipales están capacitados para actuar en el NSJPA y 30% de los agentes tendrán que capacitarse en el mes restante en cursos prácticos de una semana.
A un mes de que se aplique el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país, ¿cómo vamos y qué falta todavía?
—Este proyecto nació el 18 de junio de 2008. Ha sido un largo camino de profesionalización de más de 400 mil servidores públicos que imparten, procuran y administran justicia. La capacitación se ha dado por perfil y especialidad, se han generado manuales, protocolos, guías y lineamientos que permiten avanzar en cómo se deben hacer las cosas para bajar del texto legal a la realidad. Se han construido salas de juicios orales y adecuado las instalaciones de fiscalías o procuradurías estatales. Se han creado nuevas corporaciones judiciales y Unidades de Atención Temprana, Unidades de Medidas Cautelares. Existe un nuevo equipamiento para todos los operadores y se ha generado la coordinación institucional de todas las instancias.
Esta transformación es una de las más profundas que existen en nuestro país y estos últimos tres años y medio se ha trabajado de manera intensa, como una prioridad nacional y con una coordinación en todos los niveles de gobierno y con los tres poderes. Es la puesta en marcha de un sistema, habrá que ir esperando su funcionamiento, evaluarlo y monitorearlo para consolidarlo y fortalecerlo.
¿Cuántas salas de audiencias públicas van a estar listas el 18 de junio y cuántos servidores públicos se han capacitado?
—Hemos puesto en marcha 770 salas de juicios orales, se están concluyendo obras y en unos días estarán inaugurándose más salas en Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Algunas a lo mejor no terminarán justo el 18 de junio, pero tiene infraestructura temporal o parcial para atender los juicios.
Se están construyendo en todo el país Centros de Justicia; éstos albergan a todos los operadores del sistema. El cambio de paradigma implica una plena coordinación de la policía con el Ministerio Público, el juez, el perito y la policía de investigación.
Uno de los temas que más nos preocupan son los policías. Éste es quizá el que se ha señalado públicamente como el eslabón más débil del nuevo sistema, por eso se ordenó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se hiciera un programa estratégico de capacitación y de profesionalización en tareas de primer respondiente, es decir, a los policías que lleguen primero a una escena del crimen.
Aproximadamente estamos a 70% de esa capacitación y tenemos en las próximas semanas agendada la del resto de los policías. Sabrán qué hacer ante un hecho delictivo, cómo realizar una detención, como leerle los derechos a una persona cuando sea detenida, cómo atender a una víctima, cómo canalizarla, todo para dar una respuesta inmediata. Esta capacitación de los policías no va a terminar ahí, es una más de las que necesitamos para el perfeccionamiento del sistema.
El 30% que falta, ¿de cuántos policías estamos hablando?
—Son policías locales y municipales. Vimos que hay distintas áreas de la policía que no están en contacto con la ciudadanía y que no están en las calles. Entonces, son a los operativos a quienes tenemos que capacitar de forma prioritaria. Estamos hablando prácticamente de más de 250 mil policías. que se van a estar profesionalizando.
¿Un curso de una semana es suficiente para capacitar a los policías en el nuevo sistema.? ¿Está previsto que todas las policías estatales y municipales tengan su kit básico para resguardar evidencia?
—Uno de los temas que cuidamos al instrumentar este programa es el equipamiento que ellos requieren, no sólo el policía que va en la calle, sino también la propia patrulla. Esta estructura de lo que es el kit de operación del primer respondiente, es decir, la primera autoridad que atiende un crimen, se puso en el catálogo del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para Infraestructura de Seguridad Pública (Fortaseg) para ayudar a las instituciones estatales y municipales.
Se están adquiriendo los kits que incluyen guantes, embalaje y lo necesario para el resguardo de evidencia; tienen que estar listos antes del 30 de junio, todo ello para asegurarnos que cuenten con los instrumentos indispensables para realizar su labor.
En cuanto a la capacitación, la respuesta es contundente: se les dio un taller práctico; no quiere decir que es la única capacitación que vamos a impulsar, esto es el punto de partida para que cuenten con una base esencial.
¿Cuántas procuradurías y fiscalías necesitan fortalecer su investigación científica?, ¿es un reto?
—A principios de año, el balance que teníamos era que éste es otro de los grandes eslabones débiles que tenía el sistema. Nosotros calificamos en un rango prácticamente de uno a 10 cómo está la profesionalización, cómo está la capacitación de los policías y en la mayoría de los casos los rangos variaban entre tres y cinco; entonces, verdaderamente era un eslabón en el que teníamos que enfocarnos. Hemos hecho todo un programa de capacitación de todos los elementos de Policía de Investigación, estamos junto con la Iniciativa Mérida formando a 30 instructores por entidad federativa, que enseñen a otros técnicas de investigación para fortalecer su labor.
¿Cuáles son los primeros resultados del nuevo sistema?
—Los beneficios se están viendo: tenemos a 80% de la población cubierta por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que a nivel federal opera en 28 entidades federativas, a nivel estatal todos los estados lo aplican de manera parcial y el 18 de junio entrarán al 100%.
Hemos medido que la prisión preventiva ha disminuido en 12 entidades, en un año 15 mil personas menos pisaron la cárcel luego de llevar un procedimiento penal; hemos logrado la reparación del daño para las víctimas recuperando para ellas más de 40 millones de pesos; los procedimientos legales duran en promedio entre tres y cinco meses en lugar de durar años.
Esto implica una reducción muy importante de los costos de administración y procuración de justicia y 45% de los asuntos se resuelven con mecanismos de justicia alternativa, satisfactorias para la víctima y el imputado.
En el ámbito federal sólo 19% de las personas detenidas y puestas a disposición de un juez son sometidas a la prisión preventiva oficiosa. La mayoría de los casos también se resuelven con mecanismos de mediación y también tenemos sentencias en semanas. Sólo en 2014, 120 mil casos se resolvieron mediante estos mecanismos alternativos de solución de controversias.
Antes un procedimiento penal duraba en promedio entre 185 y 500 días, mientras que con los mecanismos de solución de controversias es de apenas 30 días. Son resultados muy tangibles del nuevo sistema.
