Joel Santos es un arqueólogo curtido que olfatea los pasos de contrabandistas arqueológicos, quienes suelen dejar escenas desaseadas en sus saqueos: tierra revoloteada y amontonada, pedazos de cerámica, tapas de las llamadas tumbas de tiro [entierros] en desacomodo, leña quemada que usan para alumbrar en el interior, huesos de personajes antiguos. A veces con daños irreparables.
Sinaloa mantiene bóvedas subterráneas que llevan ocultas cientos de años. Por dentro se asemejan a un sauna con olor a humedad en una penumbra total. Permanecen piezas de antepasados prehispánicos de jerarquía importante. Algunas están intactas, otras son resguardadas bajo estudio y unas más terminan en manos de asaltantes. Capítulos de la historia saqueados. Intercambiados por dinero para terminar en colecciones privadas o extranjeras. Los responsables se camuflan por las noches con palas y picos sin conocimiento del significado de su historia.
“Es muy caluroso por dentro. Se sofoca uno. Si estás en un subterráneo con poco espacio vas a sudar”, cuenta el arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrito a Sinaloa, en referencia a las tumbas, cuyos tamaños varían de los dos a los 15 metros.
“Me di cuenta que se estaba generando un tipo de red, posiblemente con tráfico de piezas en el sur del estado”, puntualiza Santos. En el mapa del robo, comenta el especialista, occidente es la región más afectada, aunque según reportes obtenidos por EL UNIVERSAL, vía la Ley de Transparencia, en los últimos casi 10 años se aseguraron mil 282 piezas arqueológicas en la República Mexicana.
En el desglose no se incluyen estados del occidente (salvo Jalisco), considerados “puntos rojos” por los arqueólogos consultados. En ese reporte, la Ciudad de México registra la mayor tasa de aseguramientos, pero no determina el lugar de origen de las piezas, entre las que destacan figurillas antropomorfas y zoomorfas.
De los datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR) se desprende que de 2013 a 2015 hubo un aumento de 985% en el robo de piezas arqueológicas, pasando de siete a 76.
Tecnosaqueadores
A mediados del siglo pasado se produjo una fiebre de tráfico ilícito de bienes arqueológicos. Lo hacían desde amateurs hasta contrabandistas especializados contratados por “un círculo de coleccionistas que se conocen entre sí”, explica Joel Santos. En ese periodo el patrimonio mexicano fue “muy afectado”. Aunque en la actualidad existen otros factores que lo dañan, como nuevas construcciones o el vandalismo de pobladores por ignorancia, este nicho criminal cobra fuerza, sobre todo con el avance de la tecnología.
“Es un problema grave de mucho tiempo, a veces se exacerba por el deterioro del patrimonio. Hay saqueadores de todo: casuales, de tipo hormiga, que saben las zonas y empiezan a picotear, hasta llegar a gente especializada en estar buscando piezas en lugares en los que presumen que hay evidencia prehispánica. Con la tecnología de ahora están buscando tesoros incluso con drones. Lo más grave es que no hay denuncias”, lamenta Blanca Paredes Gudiño, perito en materia arqueológica.
Si bien es cierto que la tecnología es una herramienta de uso criminal, también comienza a beneficiar al estudio del patrimonio histórico y arqueológico. Por ejemplo, Joel Santos puso en marcha —en 2015— a Bitachi I, un dron nombrado así en la lengua yoreme, que significa avispón, con el cual se pudo observar lo nunca antes visto e interpretarlo de forma diferente.
CDMX, a la cabeza
La llegada de los españoles a Tenochtitlán marcó una era de saqueos. Se desconoce cuántas piezas u objetos, pero su permanencia tras vitrinas en territorio europeo es una evidencia. “El gran problema que ha tenido nuestro país desde la Conquista es el saqueo de piezas arqueológicas”, dice el profesor Santos.
El ojo fue puesto por cazadores de tesoros en la década de 1960 por “la estética de las piezas”, que procedían en su mayoría de tumbas de tiro, conocidas como “cavidades subterráneas hechas por las mismas culturas que permitieron conservar enteras las piezas arqueológicas. Hay una costumbre funeraria en toda esa región de enterrar a sus difuntos con los objetos”. Por eso, comenta, se volvió muy valorado y eso produjo que robaran muchas zonas.
De acuerdo con los 15 años de experiencia de Joel Santos, algunos de los estados que han enfrentado este problema —y que no aparecen en el registro de aseguramientos de la PGR— son Michoacán, Guanajuato, Colima, Jalisco y Zacatecas, así como algunos puntos de Durango y Sinaloa. “En Nayarit es donde me parece que se llevó una gran cantidad de saqueo, tiene que ver con esa especialización”, dice.
De todas estas entidades, la PGR sólo mencionó a Jalisco con un número menor. Sólo desglosó 154 de más de mil piezas. La Ciudad de México aparece con 146, seguida de Tlaxcala, con cuatro; Jalisco, tres, y Estado de México, una. Al igual que el arqueólogo, la perito Paredes Gudiño señala que occidente es una de las más dañadas en su patrimonio.
“De un tiempo para acá mucha gente hace el análisis de que la zona de occidente es de las más saqueadas. Pero si lo analizamos, todo nuestro país es rico en monumentos prehispánicos e históricos, lamentablemente ocurren en muchos lados”, dice.
A pesar de ser un problema nacional, dadas las numerosas culturas esparcidas en todo el territorio que dejaron vestigios, Santos considera que en este momento está focalizado en esa región del país: “No sabemos a ciencia cierta cuántas tumbas de tiro hay, pero la mayoría han sido saqueadas; de las que se conocen, pocas han sido investigadas por especialistas. La Arqueología en el occidente y en el norte del país es relativamente reciente, entonces la mayoría de arqueólogos llegamos a esas regiones saqueadas y no hay nada que investigar”.
Peritaje detectivesco
Un perito en materia arqueológica es como un detective histórico. Debe seguir las huellas junto con un equipo, pero con un contexto y conocimiento previos. Paredes Gudiño ahora se dedica más a transmitir su experiencia, pero con un objetivo: buscar alternativas de protección para acabar con afectaciones en el patrimonio prehispánico e histórico de la nación.
Entre montañas de papeles en su oficina del INAH, la investigadora platica sobre el proceso del dictamen pericial: inspeccionar, revisar y analizar el grado de afectación. “Se deben tener conocimientos del marco legal, las características de nuestro patrimonio, para saber su temporalidad, el significado y sustentar lo que está siendo afectado”.
Una vez definido si el daño fue causado por personas o factores naturales, se propone un resarcimiento del daño. “Se requiere de tiempo, pero el juez apresura, porque si hay un detenido hay que hacerlo lo más pronto posible. El robo se ha especializado. La gente que se dedica a esto tiene más dinero que nosotros para investigar, con redes de coleccionistas muy concretas”.
Los saqueadores —llamados moneros en occidente y huaqueros en América Latina— pertenecen a lo más bajo de esta cadena de tráfico ilícito, según los especialistas. En el mercado negro incluso empezaron a circular piezas falsas ante el riesgo de ser detenidos. “Prefieren engañar a los compradores”, comenta Santos. Son quienes terminan detenidos, confirma Paredes Gudiño. “No es que yo trate de defender a otros, pero no estamos resolviendo el problema si no se ataca a quien verdaderamente desarrolla una cadena de tráfico ilícito, que es el que va a vender al coleccionista que ya conoce”.
Como explica el arqueólogo sinaloense, las piezas falsas forman parte de este contrabando. Tan sólo en junio de 2015 el INAH dictaminó que 65% de piezas anunciadas como procedentes de México y de las cuales la sociedad Joron Derem y la sociedad Binoche et Giquello pretendían subastar en París, Francia, eran apócrifas.
Paredes Gudiño puntualiza acciones para combatir el robo y tráfico ilícito de piezas arqueológicas: vinculación comunitaria para concientizar sobre la importancia del patrimonio histórico, campañas de difusión de la Secretaría de Turismo, coordinadas con el INAH, dirigidas a extranjeros o turistas, y especialización en la materia. “No es ocurrencia mía, se ha hablado de crear una fiscalía especializada en este tipo de delitos que atienda la magnitud del problema. Sería conveniente, pero digno de analizar a detalle. No sólo referirlo, sino que quien la constituya proteja bienes prehispánicos e históricos”.
