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La Familia Michoacana, al mando de Johny Hurtado Olascoaga, El Fish, tenía varias casas de seguridad en municipios colindantes entre Guerrero y Estado de México, a las que llevaba a sus víctimas para ejecutarlas y luego tirarlas en bolsas. Una de esas casas es la bodega ubicada en Tlatlaya, en la que 22 civiles murieron durante un enfrentamiento con el Ejército en 2014.
De acuerdo con la declaración de una de las tres testigos en las que la Procuraduría General de la República (PGR) basó su acusación contra tres soldados por homicidio, uno de los secuestrados fue un diputado, “pero ya no supe lo que pasó con él”.
El Consejo de Judicatura Federal (CJF) hizo pública la resolución del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito que ordenó la liberación de los soldados Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides al no encontrar pruebas suficientes en su contra por la muerte de civiles.
En la resolución se desprende la declaración de tres mujeres: Clara Gómez, Patricia Campos y Estefany Nava, identificadas como testigos 1, 2 y 3, respectivamente.
“Nos encontrábamos en una casa abandonada sin recordar en qué municipio era, debido a que ellos nos llevaban de un lugar a otro. Fue cuando un sujeto junto con otras personas a quienes no conozco llegaron a bordo de una camioneta quienes traían a siete personas amarradas de pies y manos y la cabeza cubierta con sus propias camisas. En la madrugada del siguiente día los formó y les dio de balazos matándolos a todos, por lo que posteriormente los echaron a unas bolsas negras y los fueron a tirar sin saber en qué lugar”, declaró la testigo 3.
Asimismo, relató que durante una semana en la que estuvo en la casa de seguridad para ofrecer servicios sexuales observó que llevaban a más gente secuestrada y que ella se encargaba de darles de comer.
“También les daba de comer a las personas que tenían secuestradas, desconociendo lo que hayan hecho con ellas, debido a que cuando yo me fui de ese lugar todavía estaban vivos, recordando que dentro de los secuestrados estaba una persona que en una ocasión que le di de comer me dijo que era diputado, pero tampoco supe qué fue lo que pasó con él”, dijo.
Para la PGR, en la resolución judicial se desestimaron los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de los tres soldados.
Sin embargo, el tribunal estimó que las versiones de las tres testigos no cumplen con las exigencias del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que la declaración debe ser clara y precisa.
“Procesalmente no existe explicación de por qué variar su relato inicial, sobre la existencia de un solo evento de disparos entre civiles armados y los militares, para a la postre referir que fueron dos momentos circunstanciados”, explicó el tribunal.
