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Especialistas en temas de seguridad comentaron que en caso de que se compruebe que existieron irregularidades en las diligencias que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en el río San Juan, Cocula, Guerrero, se puede originar que algunos de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa queden en libertad.
Mencionaron que las imágenes que dio a conocer el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, al responder a los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), muestran deficiencias en la procuración de justicia que hay en el país.
“Si la diligencia no se hubiera registrado conforme a derecho, la parte defensora del joven [Agustín García, El Chereje], tiene posibilidad de demandar esas irregularidades, que por sí mismas son graves. Recuerdo que en el video se presentan oficios de ello: si estos no son legítimos, sí hay irregularidades”, dijo Juan Ibarrola, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas.
“Por ejemplo, en el caso de Florence Cassez, se le detiene y se le presenta en un lugar diferente, eso fue una violación al debido proceso. Constituye una violación a los derechos de la persona. Si la autoridad miente, hay irregularidades”, consideró.
“Si se prueba que no existieron los protocolos, eso evidencia irregularidades en el debido proceso y puede llevar a liberación del joven y de algunos de los implicados en el caso de la desaparición de los estudiantes. Es el pan de todos los días. Evidentemente hay un problema con las procuradurías y con los Ministerios Públicos, porque rara vez hacen una investigación. A veces la información se hace pública y tiene consecuencias que llevan a liberar a personas por fallas al debido proceso. En este caso, es un problema porque estamos ante la posibilidad de la liberación de unas personas por errores en las investigaciones. Esto puede generar un malestar en los habitantes, porque muestra los errores en la procuración de la justicia”, dijo Jorge Chabat, especialista en temas de seguridad e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Tenemos un problema serio, estructural de las procuradurías, donde no se ha puesto atención a ellas. Si el menor queda libre desacredita a la PGR. El gobierno no quedaría bien, pero en realidad no sería la primera vez que pasa, ni la última”, señaló el investigador del CIDE.
“Si el joven es liberado por fallas al debido proceso representa debilidades para el gobierno al momento de argumentar que se hizo una buena investigación. Esto va desacreditando la figura de Tomás de Zerón. Las autoridades tienen que aclarar el caso y preparase para que no pase un caso como el de Florence Cassez. Esto puede llevar a una serie de amparos que no benefician al gobierno”, consideró Raúl Benítez Manaut, de la UNAM.
