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El Ministerio Público Federal tendrá la facultad de atracción para perseguir casos de trata de personas y narcomenudeo, con base en la aprobación en el Senado de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que tienen la finalidad de dar eficacia a la persecución de estos delitos.
La minuta con nuevos instrumentos contra el crimen organizado fue enviada a la Cámara de Diputados, e incluye ajustes a las disposiciones de arraigo, las reglas para el “testigo colaborador”, así como para la intervención de comunicaciones, las cuales quedan prohibidas para la materia electoral.
El proyecto refuerza la figura de agentes de la policía infiltrados desplegados en investigaciones contra el crimen organizado, cuyas identidades estarán reservadas bajo claves, como medida de protección.
Cuando las circunstancias lo demanden, a los agentes infiltrados “se les podrá proporcionar una nueva identidad, dotándolos de la documentación correspondiente, en coordinación con las autoridades con facultades en la materia”.
Al catálogo de delitos de delincuencia organizada, esta reforma agrega el contrabando de bienes en modalidades de importación y exportación ilegal, así como el uso de moneda falsificada, conductas que “afectan gravemente a la economía nacional”, señaló el dictamen que recibió la Cámara de Diputados.
Se fijan reglas al mecanismo de obtención de información llamado “testigo colaborador”, a fin de que se otorgue reducción de penas a sentenciados que efectivamente proporcionen datos relevantes para la persecución de delincuentes.
Entre los beneficios para un testigo colaborador, se le podrán imponer las penas mínimas que correspondan por los delitos que cometió o en los que participó; la reducción podrá ser de una tercera parte hasta cuatro quintas partes de la sanción establecida.
El juez decidirá el alcance del beneficio según la información proporcionada evite que continúe el delito o se cometan otros de la misma naturaleza, y si prueba la participación de otros criminales con poder en una organización.
Sólo se dará el beneficio a testigos colaboradores que hayan cometido delitos menores que aquellos de los que aporta información.
En el dictamen aprobado por los senadores se hace hincapié en que es viable la facultad de atracción por parte de las autoridades federales en los casos de los delitos de trata de personas y narcomenudeo, “dada la trascendencia y afectación social” que ocasionan.
En el combate al crimen organizado, el Ministerio Público Federal podrá llevar a cabo investigaciones con recursos de vigilancia electrónica, seguimiento de personas, colaboración de informantes y usuarios simulados.
