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A unos días de que presente su informe conclusivo sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) basó su investigación en declaraciones de 12 detenidos que se contradicen.
Claudia Paz y Ángela Buitrago enfatizaron que las investigaciones deben sustentarse en pruebas científicas y que ahora corresponde a la sociedad exigir el esclarecimiento no sólo de ese caso, sino de todos los que han ocurrido en el país.
“Un sistema de justicia basado en las declaraciones de imputados no es un sistema idóneo para esclarecer casos tan graves como el de Iguala, es necesario que la transformación del sistema continúe y se profundice, que todo sea basado en evidencia científica”, expuso Claudia Paz.
Al participar en el seminario “Ayotzinapa y el GIEI. Balance y elecciones”, organizado por El Colegio de México, la ex fiscal de Colombia, Ángela Buitrago, explicó que en el expediente de la PGR encontraron que un grupo de cinco declarantes se contradice con la de un grupo de siete, todos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, que habrían participado en la desaparición de los estudiantes y, según alguna de sus versiones, los incineraron en el basurero del municipio de Cocula.
“Encontramos versiones contradictorias, declaraciones contrarias. La versión se sostiene en cinco declarados que señalan el basurero de Cocula; otros siete detenidos señalan que el destino de algunos normalistas fue el cerro de Pueblo Viejo. En los cinco hay grandes incongruencias y en la declaración de los otros siete vemos mayor congruencia”, sostuvo la experta que forma parte del grupo que por más de un año analizó el expediente e indagó las evidencias.
No hay nexo con el crimen. Claudia Paz indicó, por otra parte, que no hay nada que compruebe que la noche del día 26 de septiembre de 2014 había infiltrados de la organización Los Rojos en el grupo de estudiantes de Ayotzinapa que se encontraban en Iguala, Guerrero, que es una de las líneas de investigación que se manejó en algún momento de las pesquisas para explicar el ataque contra los normalistas.
La especialista comentó también que no existen evidencias que vinculen a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ni a sus estudiantes con el crimen organizado.
“La invasión de Los Rojos a Iguala no existió nunca, no había infiltrados y no hay nada que los vincule con esa organización criminal”, destacó luego de asegurar que en el expediente de la PGR al que tuvieron acceso se ocultó la existencia del quinto autobús y por esa circunstancia “nos intrigó saber dónde está el quinto autobús”, que es una de las interrogantes que se deberá resolver en la siguiente etapa de las pesquisas.
Investigación “apenas comienza”. Ángela Buitrago comentó además que en cualquier Estado se debe garantizar la autonomía e independencia de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. En ese sentido, dijo que ante la insistencia de las autoridades de centrar la verdad en el basurero de Cocula “la investigación apenas comienza”.
Agregó: “Tengo la esperanza de que la investigación continúe y se llegue al final, no creo que sea en seis meses, pero sí creo que la sociedad mexicana es a la que le compete seguir pidiendo que se investigue, porque no son sólo 43, es un país”.
Entre los logros del GIEI, las expertas mencionaron que se generó un cambio en la metodología de búsqueda a partir de toda la información contrastada, de las declaraciones, llamadas telefónicas y fotos satelitales.
“Esta es una investigación que apenas comienza”, aseveró en el coloquio que organizó el Colmex, a sólo unos días que los especialistas presenten sus conclusiones finales y de que termine su trabajo en el país el próximo 30 de abril, sin que exista la posibilidad de que se extienda su estadía y coadyuvancia con la PGR.
Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz, quienes presentarán el domingo el segundo y último informe del GIEI, hicieron un balance de su trabajo en México, y resaltaron las limitaciones que vivieron en la investigación.
Se refirieron a que se les indicó que su tarea era de “coadyuvancia” con las instituciones mexicanas, pero sin aclarar totalmente las preguntas de “qué, hasta dónde y cómo” habría de ser su investigación.
“Después de seis meses, todavía no sabíamos qué significaba coadyuvancia”, comentó Buitrago, quien añadió que había cosas que se les permitía hacer y otras que se les restringían.
Paz recordó que tenían que moverse de acuerdo con la legalidad mexicana, por lo que no pudieron actuar de manera directa en ciertos aspectos en los que querían profundizar, como en la participación del 27 Batallón de Infantería del Ejército destacamentado en Iguala.
Con información de EFE
