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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Los dos elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) detenidos el lunes pasado en la colonia Nápoles utilizaban un mandamiento judicial que habían cumplido desde hace cuatro semanas en contra de 15 extranjeras que mantuvieron secuestradas y a las que les exigieron un millón de pesos a cambio de no ponerlas a disposición de la autoridad migratoria.
“Los elementos tenían un mandamiento para investigar hechos por delitos de trata, no obstante que había sido cumplimentado con varias semanas de anticipación. Hemos estimado preliminarmente que ese argumento difícilmente sería útil para deslindar de responsabilidad a los elementos para justificar su presencia en el domicilio donde fueron encontradas las víctimas”, explicó el visitador de la PGR, César Alejandro Chávez Flores.
Dijo que los servidores públicos, junto con los otros dos civiles detenidos, amenazaron a las víctimas con entregarlas al Instituto Nacional de Migración si no les daban el dinero.
“El asunto está en investigación y estamos operando bajo el nuevo sistema procesal acusatorio, de tal forma que realizamos entrevistas y tenemos a las 15 mujeres en un hotel en calidad de testigos. Ellas refieren que los civiles las privaron de la libertad y que les pidieron un millón de pesos para no ser puestas a disposición de las autoridades migratorias. Pareciera que las mujeres estaban en cautiverio, todas estaban en calidad de turistas”, explicó Chávez Flores.
Según el parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la planta baja se encontraban dos elementos de la Federal Ministerial que hacían las labores de muro de agentes de la PGR, a fin de simular una acción de investigación.
La policía capitalina dijo que se recibió una llamada en la que se advirtió que en un departamento en la calle de Indiana esquina con Texas había varias mujeres; al llegar al lugar los policías hablaron con Manuel Villafuerte, quien se identificó como elemento de la PGR e informó que se encontraba en medio de un operativo de trata.
En la supervisión, tres argentinas salieron de otro departamento y dijeron a los uniformados que un día antes habían sido privadas de su libertad por sujetos que les pedían dinero. En el quinto piso los uniformados encontraron a ocho venezolanas que dijeron estar secuestradas y en otra habitación se encontraron otras cuatro mujeres.