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La disculpa que ofreció el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, por el video en el que se observa a dos militares y a una policía federal torturando a una mujer, “es notable”, sólo que esa condena pública “no es suficiente por sí sola para evitar poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas”, afirmó Amnistía Internacional (AI).
La organización advirtió que las autoridades civiles deben garantizar investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las Fuerzas Armadas, “de lo contrario, México parecería no estar dispuesto o no ser capaz de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra miembros del Ejército”.
En un comunicado, AI condenó que la construcción del discurso del gobierno se articulara nuevamente en torno a la calificación como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta.
Sobre lo ocurrido hace 14 meses en el municipio de Ajuchitán del Progreso, Guerrero, divulgado la semana pasada en un video en redes sociales, agregó que la disculpa constituye un primer paso que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones para sancionar y prevenir violaciones graves.
El director ejecutivo de AI en México, Perseo Quiroz, agregó que la disculpa del titular de Sedena forma parte del contexto que grupos de derechos humanos han dado a conocer en nuestro país, por lo que no se trata de “hechos aislados”.
“Es notable que esta sea la primera vez que la Sedena pide disculpas públicas por un caso de tortura. Esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos, por las cuales el personal militar tenga que responder”.
Para organizaciones civiles como AI, el video demuestra lo que ha documentando en nuestro país durante las últimas dos décadas: existen decenas de denuncias contra elementos castrenses por su presunta participación en delitos como ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura.
Quiroz hizo un llamado al gobierno mexicano y a la Sedena para que reconozcan la magnitud y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares que desempeñan o han realizado labores de seguridad pública.
La organización internacional añadió que los abusos cometidos por militares en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, deben ser castigados de manera penal y no quedar en la impunidad, y citó como ejemplo el caso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados en 2010.
