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marco.muedano@eluniversal.com.mx
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) investigan los delitos cometidos por dos elementos del Ejército y otro de la Policía Federal, que aparecen en un video en el que agreden física y verbalmente a una mujer, en la población de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015.
En las imágenes se distingue a una joven sentada y con la cabeza cubierta con una playera de color amarillo. Mientras llora, es interrogada por una mujer militar, quien le pregunta sobre una persona. Al no obtener respuesta, la elemento castrense le advierte: “¿No me vas a decir? Dime y no te mato”. Acto seguido la militar corta cartucho y continúa interrogando, hasta que coloca el cañón de su arma de fuego en la cabeza de la joven.
Segundos después la soldado le pide a la víctima que ponga sus brazos en la espalda, que junte los pies y se ponga en posición de mariposa, mientras que una persona vestida con uniforme de la Policía Federal le quita la playera de la cabeza y le ata las manos, para después colocar una bolsa de plástico transparente en el rostro de la joven.
El policía aprieta la bolsa y pone su mano en el cuello de la mujer para evitar que respire, mientras que la militar le dice: “¿Quieres más? Contéstame lo que te estoy preguntando: ¿quién es María?”. Al no responder, el policía federal vuelve a asfixiar a la joven por varios segundos, hasta que ella se recuesta en el suelo por la falta de oxígeno.
Mientras esto sucede, la mujer militar la cuestiona de nuevo: “¿Ya te acordaste o quieres más bolsa? ¿O quieres agüita?, ¿o quieres toques? Dime tú qué quieres...”
Por estos hechos, la PGR informó que el 7 de enero pasado abrió un expediente luego de que la Procuraduría General de Justicia Militar le turnó el caso el pasado 5 de enero por el delito de actos contrarios a la disciplina militar o los que se configuren.
“En el marco de dicha investigación, hasta el día de hoy esta representación social ha practicado diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, destacando que en todo momento se ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad, para la práctica de todas las diligencias e inspecciones que han sido necesarias”, explicó la PGR.
La CNS informó que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal inició una investigación para deslindar responsabilidades por el video en el que se observa a una persona vestida con uniforme de la institución.
“La Policía Federal coadyuvará con la Procuraduría General de la República y estará abierta para aportar los elementos que sean necesarios para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables”, detalló.
Después de que el video se difundió en las redes sociales, la Sedena explicó en un comunicado el incidente y las medidas legales que adoptó contra sus elementos implicados.
Reconoció que se enteró de lo ocurrido 10 meses después. Fue hasta el 10 de diciembre de 2015 cuando tuvo conocimiento de los hechos, por lo que la Procuraduría de Justicia Militar abrió un expediente.
El pasado 4 de enero se dio vista y desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil.
“El oficial y la elemento de tropa están internados en la prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 y están a disposición del juez Quinto Militar, quien con plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda, denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes del instituto armado”, explicó la Sedena.
La dependencia castrense aseguró que los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos “refrendan al pueblo de México y a sus instituciones su compromiso de lealtad, acatando estrictamente el Estado de derecho, y ratifican que en el presente caso y en todos los que personal militar vulnere la ley o los derechos humanos se procederá con rigor y contundencia contra los responsables”.
