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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso que la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano, y la muerte de 49 internos en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, evidenció las carencias del sistema carcelario del país, principalmente en las prisiones estatales, que obtuvieron una calificación de 6.2, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015.
Ante las irregularidades que se presentan en las prisiones estatales, federales y militares, la CNDH dijo que es necesario revisar y replantear la ley para contar con una nueva política penitenciaria que incluya lineamientos nacionales e internacionales bajo un marco de derechos humanos.
“Lo sucedido en el Centro Federal de Readaptación Social 1 o en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico han puesto en evidencia las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario”, explicó el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
El titular de la CNDH instó a las autoridades a no esperar a que ocurran hechos graves al interior de las cárceles para voltear a ver lo que pasa. “Los problemas se han detectado y las rutas de acción se han señalado, es preciso que la voluntad expresada para la problemática existente se traduzca en acciones concretas. Reiteramos la necesidad de atender estos puntos, que se concluya el proceso legislativo y se emita la ley de Ejecución Penal con un perfil de derechos humanos que propicie la reinserción social”, detalló.
Deficiencias. El diagnóstico con el que se miden las garantías de integridad física y moral del interno, las condiciones de vida, de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con requerimientos específicos refiere que las prisiones que administran los estados obtuvieron una calificación de 6.2.
Los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) bajo la tutela de la Federación obtuvieron una puntuación de 7.36; mientras que las prisiones militares fueron evaluadas con 7.93.
En el caso de las cárceles estatales, las entidades de Nayarit (4.11), Quintana Roo (4.43), Guerrero (4.99), Hidalgo (5,01), Tabasco (5.06), Chiapas (5.27), Tamaulipas (5.29), Baja California Sur (5.47), Oaxaca (5.63), Sinaloa (5.65), Nuevo León (5.66), Colima (5.92) y Campeche (5.93) son las que tienen las más bajas calificaciones.
Durante la visita que efectuó la CNDH a las prisiones estatales se detectaron deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; carencia de personal de seguridad y custodia, así como para la prevención y atención de incidentes violentos.
“Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima y familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad que rige el centro hacia los internos”, explica el documento.
En 71 centros la CNDH observó falta de control de los custodios en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como en el ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, “situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre el centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo”.
“Una problemática reiterada es la sobrepoblación; es decir, la capacidad del centro se encuentra rebasada por la población, lo que conlleva a generar problemas de salud y de seguridad, así como la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de acceso a los servicios y a las actividades tanto educativas, laborales y deportivas entre otras, que ayudan a la reinserción del interno”, indicó el organismo.
En los Ceferesos el diagnóstico indica que en algunos penales es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, existe hacinamiento, hay deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad a través de problemas en las visitas tanto familiar como íntima y en la comunicación telefónica con las mismas.
“Existen deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos. En seis de los centros visitados, el día de la supervisión se observó sobrepoblación, así como deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, se observaron deficiencias en la integración de los expedientes técnico jurídico”, detalla.
Al evaluar las prisiones militares la situación más recurrente que se identificó es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social del interno.
“El diagnóstico nacional que se presenta no tiene por objetivo descalificar autoridades o instituciones. Busca llamar la atención sobre aspectos que necesitan ser prioritarios en los centros de reclusión e internamiento. Si bien los problemas son muchos y los retos complejos, estoy convencido que la acción articulada y honesta que se realice puede propiciar un cambio para bien”, afirmó el ómbudsman.
