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Está en marcha la reestructuración del sistema penitenciario nacional. La estrategia se basa en seis ejes rectores y 26 acciones, que no sólo se enfoca en los penales federales —cuya vulnerabilidad se exhibió en julio de 2015 con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán—, incluye cambios en las prisiones estatales, a partir de la creación de una ley que sustituya la que hoy es obsoleta, y que homologue los reglamentos de todas las cárceles del territorio.
A más de seis meses de que asumió el cargo de comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán revela en entrevista con EL UNIVERSAL que la estrategia nacional se basa en seis puntos: garantizar la gobernabilidad de los centros penitenciarios; reconstrucción de infraestructura o adecuación tecnológica; profesionalización del personal y proyectos de vida; estandarización de procesos y procedimientos, así como reinserción social.
Admite que la fuga de El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano evidenció la necesidad de reestructurar y robustecer el sistema penitenciario, además de garantizar que en las prisiones no se cometan delitos.
Una de las medidas es contar con penales exclusivos para internos acusados por ilícitos contra la salud, extorsión o para personas de la tercera edad.
Los cambios prevén la inclusión de personal de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), que estaría de forma permanente en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) para recibir y atender las quejas que interpongan internos y familiares.
¿Qué es hoy el sistema penitenciario federal?
—Hoy tiene que jugar un papel más importante en la cadena de justicia. Creo que muchos de los problemas de seguridad pública se pueden resolver si hacemos correctamente las cosas dentro de las instituciones penitenciarias federales y sobre todo en las estatales. Hay que marcar una política penitenciaria nacional, que ha delineado la presidencia de la República y el comisionado nacional de seguridad. En eso hemos estado trabajando, en crear un sistema penitenciario robusto, que garantice a los mexicanos que se operan las cárceles correctamente, y que en ellas no se van a estar fraguando delitos.
¿Cómo encontró al penal de El Altiplano cuando asume el cargo?
—Era un centro que había sido vulnerado, como todos lo sabemos. Empezamos a darle continuidad a muchos trabajos que se venían realizando, como actualizaciones tecnológicas, de infraestructura, hicimos cambios en la operación de los protocolos, no sólo en El Altiplano, sino en todos los centros federales, los hicimos más robustos, y comenzamos a trabajar en una estrategia que nos permitiera garantizar que no van a suceder cosas, primero desde las cárceles federales, fue la primera encomienda.
Por ejemplo, encontramos sobrepoblación en El Altiplano y otros seis centros penitenciarios federales. Desde diciembre del año pasado ningún centro tiene el problema, aplicamos una estrategia de reacomodo de todos los internos sentenciados y procesados que tenemos en las instituciones federales y eliminamos esa parte.
Empezamos con capacitación del personal, porque lo encontramos un poco desmotivado, sobre todo por lo que había sucedido [la fuga de El Chapo], y empezamos a trabajar fuerte en el proceso de preparación con ellos y en elaborar la estrategia que está basada en seis ejes rectores y 26 acciones que estamos haciendo desde el gobierno de la República.
Hemos mejorado todos los protocolos y procesos de las instituciones penitenciarias. Revisamos desde reglas de ingreso, como el que una persona no pueda entrar con una credencial falsa [en alusión a la diputada Lucero Sánchez, quien presuntamente usó documentos apócrifos para visitar a El Chapo]. Hoy verificamos que todas las credenciales sean verdaderas, estamos enviando al Instituto Nacional Electoral actas de nacimiento, también con los registros civiles de los estados, ese tipo de cosas hemos reforzado en la operación.
¿En qué consiste la nueva política penitenciaria?
—Estamos trabajando en una estrategia nacional en dos vertientes: una la parte federal y la otra estatal, basada en seis ejes rectores. Se trata de garantizar la gobernabilidad de los centros penitenciarios; el segundo es la parte de la reconstrucción de infraestructura penitenciaria o adecuación; atender la parte tecnológica; la profesionalización del personal de los centros, de tener planes de vida, carrera de la gente que labora en el sistema; el quinto es la estandarización de procesos y procedimientos, que es eliminar la discrecionalidad de las instituciones penitenciarias, que es la madre de la corrupción.
El sexto eje, no porque sea menos importante, sino porque tenemos que garantizar estos cinco primeros puntos para contar con la reinserción social dentro de una institución penitenciaría. Estamos trabajando en tres directrices: orden, respeto y disciplina, esos factores dan la gobernabilidad de un centro penitenciario.
¿Cuáles son las 26 acciones que se desarrollan en esta estrategia?
—Una de ellas es que se tiene que reformar la Ley de Ejecución de Penas, trabajamos de la mano con el Senado en ajustar algunos puntos de la norma. Tenemos que darle una ley al sistema penitenciario, que lo dote de elementos jurídicos para operar correctamente, tenemos una que es totalmente obsoleta, que no es acorde a las necesidades que hoy vivimos en materia penitenciaria en el país.
¿Qué problemas genera tener una ley obsoleta?
—Es una ley vieja. Hay que adecuarla a los tiempos que vivimos. No regula parte del trabajo penitenciario. Esta nueva norma sí lo hace, es algo muy importante para que el interno no sea explotado en las instituciones penitenciarias, también habla de salud, trabajo, visita familiar e íntima.
¿Es un problema la saturación de las prisiones?
—Si tú tienes controlado tu centro, aunque lo tengas sobrepoblado, no debería de generar ningún problema de gobernabilidad. Sí, es un problema que tenemos, un déficit importante de espacios a nivel nacional; estamos trabajando para crear nuevas infraestructuras a nivel federal, hemos arrancado la operación de los centros de Morelos, Chiapas, estamos por comenzar el de Michoacán. En Oaxaca iniciará un centro federal en unas semanas.
Se está trabajando en la parte de la tecnología, estamos renovando la detección de objetos adheridos al cuerpo, de cavidades, faros de largo alcance, de luz con cámaras infrarrojas, detectores de escalamiento y de geosismos.
En la parte de infraestructura este año va a comenzar a operar el centro federal de Coahuila, el número 18. En la parte de capacitación tenemos a 98% de la gente capacitada en el nuevo Sistema de Justicia Penal. Estamos trabajando en cursos de actualización, tanto operativos como técnicos del personal. En los procesos de todos los protocolos los sometemos a evaluaciones, los estamos estandarizando para que la operación de todos los centros sea la misma.
¿Se trabaja en un nuevo reglamento, en homologarlo?
—Estamos trabajando en un nuevo reglamento del Sistema Penitenciario Federal. Tenemos uno, así como se está actualizando la Ley de Ejecución de Penas, también buscamos tener un nuevo reglamento de los centros federales. Estamos trabajando en la certificación de los penales. Este año van a quedar certificados todos por la Asociación de Correccionales de América.
¿Cuántos están certificados, hasta el momento?
—Tenemos nueve certificados y este año van a quedar el resto, incluyendo las oficinas centrales para convertirnos en el primer país que tiene todo su sistema penitenciario federal certificado por un ente extranjero.
En la parte de reinserción hacemos convenios con algunos empresarios para llevar industria a los internos en las naves industriales que tenemos. En Islas Marías, por ejemplo, entregamos mil 300 constancias de capacitación, primaria y secundaria, gente que tiene un oficio de mecánico, eléctrico o técnico en computación.
¿Cuáles son los principales puntos que están adecuando en el reglamento de las prisiones?
—Hay que adecuarlo a las normas de Bangkok o Mandela, que son tratados a los cuales estamos suscritos como país. Son reglas definidas por expertos de todo el mundo en el Sistema Penitenciario. Por ejemplo, en el Cereso de mujeres, que haya un espacio digno para los hijos, que le proveas todas las necesidades a la mujer en la parte de su higiene personal. En el caso de los hombres que se respeten derechos humanos, que tenga visita familiar, íntima, que las celdas cumplan con ciertos medidas o espacios de reclusión, porque en 20 metros cuadrados no puede haber 20 internos.
¿Qué medidas están aplicando en materia de derechos humanos de los internos?
—Hemos propuesto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pongan un representante en cada uno de los centros federales. Estamos listos con las oficinas que van a ocupar y estamos en espera de firmar un convenio con el organismo para que esto suceda, buscando transparentar la administración de las instituciones penitenciarias.
Vamos a tener visitadores permanentes para brindar mayor atención a los internos y a las familias, y que cualquier queja que se presente de inmediato sea atendida y resuelta.
Se busca tener un ejemplo de prisiones federales, pero, ¿qué se está haciendo con los gobiernos estatales para que esto se vaya homologando?
—Trabajamos en dos vertientes, en la federal y estatal. Hemos estado apoyando a 15 entidades federativas, como Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Nayarit, Durango y Coahuila que siguen el modelo penitenciario federal que estamos instrumentado bajo los seis ejes estratégicos.
Usted conoce el ámbito estatal y ahora el federal, ¿qué se necesita para cambiar todas las conductas irregulares en las prisiones?
—Desde el gobierno federal le brindamos el apoyo a las entidades federativas que lo han solicitado. Desde la administración estatal tiene que haber una voluntad política por parte de los gobernadores para que esto suceda, y empezar a trabajar en un proyecto en el corto y mediano plazo para que tengamos instituciones sólidas, para el día que no esté el titular de ese sistema penitenciario, siga trabajando de forma normal con procesos y procedimientos. Sí, se puede hacer, pero se necesita voluntad política, en algunas ocasiones se puede requerir dinero para crear infraestructura.
¿Cuál es el protocolo para cuidar a Joaquín Guzmán Loera?
—Este protocolo está desde el año pasado, no es para Guzmán Loera, es un protocolo para objetivos prioritarios que tenemos dentro de las instituciones penitenciarias, que está basado en la ley, en nuestra Constitución. Un juez determinó que el procedimiento es legal, que no violentamos y no transgredimos ningún derecho de él o de algún otro interno que esté sujeto a este protocolo de seguridad, está hecho con base en la ley.
