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En México, de acuerdo con los registros de querellas, cada 22 horas un periodista o medio es agredido y muchos ataques más no se conocen porque las víctimas no realizan la denuncia por temor a represalias, refiere el más reciente informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El texto advierte que éste es uno de los periodos con mayor cantidad de agresiones contra medios de comunicación y periodistas, en el que cuatro de ellos fueron asesinados: Moisés Dagdug Lutzow, Anabel Flores Salazar, Reinel Martínez Cerqueda y Marcos Hernández Bautista.
“Todos los casos [de agresión] tienen algo en común: la ausencia de protección y respuesta del Estado, ya sea por el desempeño inexistente u opaco de las instituciones, sumado a que son servidores públicos quienes componen la mayor proporción de perpetradores, con 165, en comparación con 35 del crimen organizado o 34 de partidos políticos en 2015”, señala el análisis de la SIP.
De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas, 20 han desaparecido desde 2005 y se han registrado 48 atentados contra medios desde 2006.
En ese lapso, entre agresiones físicas, detenciones arbitrarias y amenazas, 165 fueron perpetradas por funcionarios estatales, municipales y, en menor medida, federales.
“A nivel internacional el gobierno presume de sus instancias para combatir las agresiones a periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, esta entidad no arrojó resultados positivos en seis años”, destaca.
Según la CNDH, la Ciudad de México encabeza las agresiones junto al estado de Veracruz, con 67 casos cada una; 56 en Guerrero, 38 en Puebla y 35 en Oaxaca. En cinco entidades del país se concentra 66% de las agresiones.
El organismo estima que 251 reporteros se encuentran desplazados de su lugar de origen como consecuencia de las amenazas de muerte que han recibido, y lo hacen sin respaldo del gobierno.
“En un ambiente de guerra como el que se vive en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y en la mayor parte de los estados, la tarea de la prensa resulta sumamente molesta para los gobiernos estatales y municipales”, indica.
La SIP expresa su preocupación por la violencia contra mujeres periodistas, pues según la organización Artículo 19, en 2015 se registraron 84 casos. El reporte y los informes de los países de América Latina serán aprobados al concluir mañana la asamblea.
