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Bruselas.— El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció ante el Parlamento Europeo que la burocracia, la falta de voluntad política y el uso de prácticas judiciales inapropiadas obstruyen el acceso a pruebas clave para esclarecer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.
“Hay mucha burocracia y formas de trabajar que hay que superar, y también hay que tener voluntad política para superar ciertos obstáculos que hemos señalado y que son importantes para conocer la verdad”, dijo a EL UNIVERSAL Carlos Beristain, quien junto con Claudia Paz y Paz intercambiaron puntos de vista con la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.
Aseguró que para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, se necesita tomar declaraciones a las 113 personas hasta ahora detenidas con relación al caso y que la PGR cumpla con las 200 solicitudes realizadas; entre 30% y 40% de ellas aún están pendientes.
Otro elemento fundamental es tener acceso a la información en poder del 27 Batallón de Iguala, entre ellas un video, fotografías, manuales y bitácoras de comunicación.
“En ningún momento hemos acusado al Ejército. Sabemos que estuvieron en varios lugares esa noche y poder entrevistarlos es importante para esclarecer el caso”, sostuvo Beristain.
La sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara inició con la intervención de su presidenta, la eurodiputada socialista Elena Valenciano, quien calificó de prematura la comparecencia del GIEI y consideró que debió esperar hasta después de que concluyera su mandato, el 30 de abril.
Acto seguido, tomó la palabra Carlos Beristain, quien expuso los resultados alcanzados por el grupo que integran cinco expertos y creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los logros, dijo que se ha obtenido crear un puente de diálogo entre familiares de las víctimas y las instituciones, así como ha quedado científicamente descartada la versión de la PGR sobre la incineración en el basurero de Cocula; aunque la Procuraduría ha estimado hacer un tercer peritaje.
Han podido constatar que en la noche del crimen hubo presencia de fuerzas estatales, federales y militares; los estudiantes no estaban asociados a la delincuencia organizada; que hubo déficit en las investigaciones, destrucción de pruebas y que no se trató de un secuestro, sino un caso de tortura, desaparición, encubrimiento y obstrucción de la justicia.
Claudia Paz habló sobre los desafíos, destacando la necesidad de esclarecer la presencia de un quinto autobús la noche del crimen, una pista omitida por la PGR; así como de los riesgos de fragmentación del caso como consecuencia de la apertura de múltiples averiguaciones previas.
La experta resaltó la importancia del examen que realiza el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck a prendas y objetos de los normalistas, al tiempo que denunció una campaña de “descalificaciones personales contra miembros del GIEI que trata de cerrar espacios para evitar el esclarecimiento de la verdad”.
Los expertos del GIEI pidieron a la Unión Europeo que apoye el trabajo que están realizando y solicitaron a Bruselas asumir como propias las recomendaciones que presenten en su informe final, puesto que consideraron que pueden usarse como “una herramienta trasformadora”.
Durante la sesión de preguntas, la presidenta de la Delegación para México del Parlamento Europea, la eurodiputada del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril, y la liberal Beatriz Becerra, expresaron su espaldarazo a los miembros del GIEI, asegurando que “seguirán acompañándolos en la búsqueda de la verdad”.
En tanto que la eurodiputada verde, Barbara Lochbihler, afirmó que el caso de los normalistas demuestra que “México tiene un enorme problema de impunidad”.
En nombre del gobierno mexicano, el consejero de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México ante la UE, Luis Elizondo, calificó de “prematura” la presencia del GIEI ante la Eurocámara, y precisó que no habrá extensión del segundo mandato al GIEI.
“La invitación que formuló la Subcomisión al GIEI para participar en esta sesión es prematura, considerando que su labor de coadyuvanza técnica aún no concluye y que aún no ha presentado su informe final y recomendaciones al gobierno de México”. Elizondo señaló que la indagatoria sobre los hechos en Iguala se ha caracterizado por su apertura y transparencia, al tiempo que reiteró que la investigación permanecerá abierta hasta sus últimas consecuencias.
Falla mecanismo de protección. Como resultado de su reciente visita a México, la misión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo constató que el mecanismo de protección de periodistas y defensores sigue siendo ineficaz.
Así lo dio a conocer la eurodiputada Beatriz Becerra en la presentación del borrador de conclusiones de la visita realizada a México y Guatemala entre el 8 y 12 de febrero, por parte de la Subcomisión parlamentaria.
“Hay una preocupación de enorme calado y que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Al mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos y periodistas le hace falta dotarlo de los recursos necesarios”, declaró Beatriz Becerra a EL UNIVERSAL.
“También identificamos otro eje de preocupación que es la violencia contra la mujer y el de las desapariciones forzadas asociada al crimen”.
Declaró que la misión también identificó un desajuste entre el desarrollo formal del Estado de derecho a través de las reformas legislativas y el cumplimiento de los compromisos.
“Todo coincide en un mismo lugar, la impunidad basada en la desconfianza de los ciudadanos, puesto que la injusticia los lleva a no denunciar”, explicó.
