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La diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, vinculada al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ingresó con documentos falsos al penal de máxima seguridad de El Altiplano, el 4 de septiembre de 2014, “como una de sus operadoras financieras, responsable de negocios del capo en Sinaloa”, según el expediente que entregó la Procuraduría General de la República (PGR) a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para desaforarla.
El documento en posesión de EL UNIVERSAL detalla que la legisladora, quien llegó a la curul por el PAN-PRD-PT y PAS, visitó a El Chapo en el penal federal con una credencial del INE a nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez. “Se tiene conocimiento que ella es una de sus operadoras financieras”, se explica.
Durante un cateo a un domicilio en Culiacán, la PGR encontró un auto propiedad de la legisladora con documentos oficiales; se constató que los rasgos físicos que aparecen en la fotografía de la credencial de elector que presentó durante su visita al líder del Cártel de Sinaloa, como Denavy Vianey Villatoro Pérez, coincidían con la licencia de conducir hallada a nombre de Lucero Guadalupe Sánchez López.
Identificó que el domicilio donde habitaba la legisladora local, ubicado en la colonia Guadalupe, en Culiacán, y el cual fue asegurado por la PGR, sirvió de escape a Guzmán Loera cuando fue detectado por la Secretaría de Marina.
La dependencia detalla en el expediente lo que podría ser el inicio de una relación sentimental entre Guzmán y la diputada, toda vez que hace referencia a una fiesta privada realizada el 27 de julio de 2013, organizada por Lucero Sánchez en casa de una de sus amigas, ubicada en la colonia Centro del municipio de Cosalá, a la que se especula que asistió el capo.
El documento entregado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y que analiza la Sección Instructora de la Cámara Baja, añade que con lo informado por la Subdirección de Asuntos Penales del Instituto Nacional Electoral (INE), la credencial no se localizó en el padrón electoral.
Según los testimonios de los empleados del centro penitenciario, no se tiene conocimiento que antes del 4 de septiembre, fecha en la que se registró la visita, la diputada haya acudido a una audiencia con Guzmán Loera, tal como lo afirmó el director del penal: “No tengo conocimiento de que haya ingresado en otras ocasiones”.
El director de Monitoreo a Centros Penitenciarios Federales y Puntos Estratégicos de la Policía Federal refirió que la dirección a su cargo no cuenta con las videograbaciones de la visita de Sánchez López, debido a que “el sistema se reinicia cada 27 días; sin embargo, se cuenta con dos imágenes de ella que fueron tomadas ese día”.
En su testimonio, el suboficial de la Policía Federal adscrito a la División de Inteligencia, señaló que El Chapo sostuvo una audencia en la sala 12 del área de Salas de Juzgado, en en la que estuvo presente una mujer embarazada que se identificó con la credencial para votar expedida a nombre de Villatoro Pérez. Añadió que la persona, quien dijo llamarse Devany Vianey, iba acompañada de Óscar Manuel Gómez Núñez, quien era el defensor particular de Guzmán Loera.
“Al ver detenidamente su rostro puedo señalar que se trata de la diputada local que en las noticias informaron que entró al penal con una credencial falsa para una audencia con Joaquín Guzmán”, respondió el policía al cuestionamiento de las autoridades.
El documento firmado por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Arturo Ruiz Toribio y José Arturo López Ibarra, hace un recuento de los hechos ocurridos los días 20 y 21 de enero de 2016, en las instalaciones de la SEIDO, en la Ciudad de México, cuando Sánchez fue remitida.
En éste se lee que la legisladora no dio su consentimiento para la realización de un examen médico legal, que decidió no consumir alimentos, se negó a tomarse fotografías, y que se “reservó su derecho a declarar”.
Tras los testimonios de los empleados del penal de máxima seguridad presentes el 4 de septiembre, cuando la diputada visitó al narcotraficante, la PGR solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de desafuero para sujetarla a un proceso penal, dado que la falsificación de documentos oficiales es considerado un delito federal.
“Que la Sección Instructora tenga por admitidas y desahogadas las pruebas que integran la solicitud, para proceder penalmente contra Lucero Guadalupe Sánchez López”, resalta la PGR en la petición de desafuero.
