Algunas organizaciones en México han distorsionado y aplicado erróneamente el término de militarización, pues se confunde ese concepto cuando las fuerzas armadas apoyan en acciones de seguridad pública que competen a las autoridades civiles "que dejaron de hacer su trabajo" en la materia. Tal es el caso de los directores y jefes de policía, gobernadores o presidentes municipales, afirmó el general brigadier de Justicia Militar, José Carlos Beltrán Benites, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al participar en el noveno Foro de Justicia y Paz, organizado por Jóvenes por la Paz en la Universidad Intercontinental, insistió que son varias las labores que realiza el Ejército, como ayuda en caso de desastres, apoyo instalaciones de Pemex o en presas, por lo que es necesario precisar el que hay quienes hablan de militarización, más bien por cuestiones mediáticas.
Por ello, insistió en su desacuerdo con que se señale ese término. "Porque resulta que las fuerzas armadas participan en auxilio y en apoyo de la seguridad pública de las fuerzas civiles, de las autoridades civiles".
Expuso que las detenciones que realizan elementos del Ejército, las hacen junto con autoridades federales o locales a petición expresa y ponen a disposición de la autoridad civil competente a los presuntos delincuentes.
"Fuera militarización si nosotros investigáramos y sancionáramos por nuestra cuenta bajo una condición de excepción.
Es decir, si las tropas detuvieran, investigarán, enjuiciarán, sancionarán a esos delincuentes y todavía los internaran en prisiones militares. Entonces hablaríamos de militarización".
Reiteró que la participación del Ejército, se realiza porque "alguien dejó de hacer su trabajo, alguien dejó de cumplir con esto y quizá sean los que deben de ser llamados a rendir cuentas, pero a veces es más una cuestión mediática llamar a las fuerzas armadas a que rindan cuentas y acusar al Ejército, cuando quien originó esa situación jamás es llevado a un tribunal internacional o no es llevado ante las comisiones internacionales de derechos humanos".
En el foro, donde intervienen, entre otras organizaciones, la campaña Construir la Paz y Reformar la Justicia, la Unión Nacional de Padres de Familia, Alianza de Maestros A.C., A Favor de lo Mejor y Movimiento Blanco, participó José Antonio Ortega Sánchez, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. destacó la importancia de la participación de los ciudadanos ante la violencia en México.
Expuso que la situación de violencia en México habría sido mucho peor de no ser por la intervención de las fuerzas armadas. "No hay que olvidarlo, que estas han pagado una elevada cuota por su servicio, en término de muertos y desaparecidos, los cuales parecen olvidados por nuestra sociedad".
Señaló que las fuerzas armadas están en labor de seguridad pública porque así lo hayan decidido éstas, sino que su intervención es constitucional.
Consideró que la causa central de la seguridad en México ha sido la ausencia de esquemas de responsabilidades y de efectiva rendición de cuentas, por lo que son factor fundamental en esto, la corrupción y la impunidad".
Dijo que "Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto han habido avances innegables en la reducción de la violencia. Aunque aún estamos muy lejos de alcanzar lo que quisiéramos, como en el 2007, cuando México tuvo la tasa más baja de homicidios que se hayan registrado".
Planteó que para superar la actual situación de violencia que se vive en el país, es necesario erradicar por completo las milicias privadas, lo cual es objetivo realista mientras que erradicar el narco no lo es.
Con ello, propuso terminar el proceso --que lleva 20 años-- de evaluación y certificación de las policías, sí como concretar la creación de policías únicas para que las fuerza armadas puedan regresar a su cuarteles, entre otras cosas.
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