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Defensores de derechos humanos que han apoyado desde hace 17 meses la lucha de padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa por la presentación con vida de sus hijos, exigieron al gobierno federal brindar las garantías al movimiento para continuar con su demanda hasta que sea resuelta.
Luego de que integrantes del movimiento denunciaran que en la madrugada de este domingo el autobús en el que viajaban madres y padres de los 43 normalistas presuntamente fuera agredido en la caseta San Martín Texmelucan, de la autopista México-Puebla, los defensores exigieron al gobierno la búsqueda de los desaparecidos.
“Hacemos un llamado al gobierno federal a que deje de lado esa soberbia con la que están tratando el movimiento y (al presidente del país) a que asuma su función como representante del Estado mexicano”, opinó Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos.
Lo más importante debe ser la búsqueda con todas las herramientas tecnológicas posibles de los desaparecidos, y brindar respuestas a los padres de los jóvenes de qué fue lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014.
Defensores de derechos humanos, estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales del país denunciaron que cuando se dirigían a Necaxa-Puebla, como parte de la Caravana por la Verdad y la Justicia que inició el 22 de febrero en la Ciudad de México, el camión en el que viajaban los padres fue agredido.
Según el testimonio que dieron madres de los 43 desaparecidos a través de comunicados y redes sociales, cuando se dirigían por el poblado de San Martín Texmelucan en el estado de México hacia Puebla, uniformados que ellos identificaron como presuntos policías federales rompieron el cristal del autobús a la altura del asiento de la mamá del normalista Julio Cesar López Patolzin, con sus nietos, un bebé de dos meses 20 días y una niña de cuatro años.
Después de esta acción los familiares bajaron del autobús para ver lo ocurrido y los uniformados les apuntaron con armas, luego tomaron la caseta y recolectaron dinero para continuar con su caravana.
“Para todo el movimiento de derechos humanos y todo el movimiento social, estos hechos no dejan más que confirmar lo que ya hemos señalado: hay una criminalización en contra de los padres, en contra de las organizaciones que apoyan ese movimiento. Se está ejerciendo una campaña en contra del movimiento”, consideró Olivares.
Pidió junto a una decena de organizaciones defensoras un alto a la denostación del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del grupo de forenses argentinos y de los mismos activistas que apoyan a los padres y madres de Ayotzinapa.
jram
