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La procuradora general de la República, Arely Gómez González, inauguró las instalaciones de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura (UEIDT); dicho órgano especializado tendrá competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos.
Acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y de la titular de la Asociación Civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, la procuradora dijo que México avanza hacia la construcción y consolidación de un Estado constitucional, democrático y moderno.
“Las nuevas políticas de prevención, investigación y sanción de la tortura o cualquier trato cruel, inhumano o degradante, se realizan ahora a partir de las disposiciones del marco jurídico internacional en la materia conforme a los estándares internacionales establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Gómez González.
La funcionaria indicó que la nueva unidad constituye un paso fundamental para la atención de uno de los desafíos que prevalecen en el sistema de justicia del país: el delito de tortura.
El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), José Guadalupe Medina, expuso que con esta unidad la PGR reafirma su vocación de respetar los derechos tutelados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene competencia para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de los delitos en materia de tortura.
“Con ello se contará con información estadística veraz y válida a nivel institucional, siendo el único medio para establecer los mecanismos idóneos que permitan atender los requerimientos de las distintas instancias gubernamentales y organismos nacionales e internacionales”, señaló.
Entre sus funciones, el titular de la unidad, como agente del Ministerio Público, podrá requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR u otras, la información necesaria para la indagatoria del delito de tortura, la intervención de comunicaciones privadas y requerir la geolocalización.
