Más Información
politica@eluniversal.com.mx
El ex senador perredista Pablo Gómez, quien fuera responsable de investigar cómo fue que el PRD abanderó al ex edil de Iguala, José Luis Abarca, reconoció que su partido pudo haber fallado otra vez al postular a Erik Ulises Ramírez Crespo, alcalde de Cocula, detenido por presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
“El PRD pudo haberse equivocado, otra vez, pero también es probable que haya trasfondo político en ese caso”, expuso Gómez.
“Sí claro, erró, pero en todo caso va a seguir fallando, y no sólo el PRD, sino todos los partidos, porque es prácticamente imposible en ciertos niveles que un instituto político funcione bien en todos los casos en sus protocolos de vigilancia, porque hay cosas que son totalmente secretas”, señaló.
Apuntó que por eso el gobierno debe dedicarse a investigar, pues tiene al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), que ya antes “ha pasado datos sobre posibles nexos de candidatos de todos los partidos con el crimen organizado”.
Comentó que el Cisen tiene recursos, formas de intervenir llamadas e investigación, “pero se dedica a espiar a los políticos, deberían ponerse las pilas para establecer vínculos entre políticos y narcos, secuestradores y extorsionadores”, demandó Gómez Álvarez.
Por eso el perredista cuestionó que la PGR diga que “no está para dar informes”, como el solicitado por el sol azteca para verificar que sus candidatos no estuvieran ligados con la delincuencia ni sometidos a investigación.
En entrevista, y con la posibilidad de haber errado con esta postulación, Gómez Álvarez vio que hay intereses políticos detrás de la detención de Ramírez Crespo, debido a los antecedentes que ha mostrado la PGR en la entidad.
“Tengo mis dudas de que la PGR cuente con pruebas, probablemente haya elementos políticos; tampoco dudo que [Ramírez Crespo] tenga alguna relación con los delincuentes de Guerreros Unidos, pero que forme parte de esa organización siempre surgen dudas”, afirmó.
Existen antecedentes de actuación bajo consigna y omisiones, dijo, pues en contraste con este caso del edil perredista, su antecesor en Cocula, César Miguel Peñaloza, del Partido Revolucionario Institucional, sigue libre pese a su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ésta fue confirmada incluso en la propia “verd ad histórica”, a la que llegó el gobierno federal, según la cual la policía bajo su mando detuvo a los estudiantes y los entregó al grupo criminal de los Guerreros Unidos.
Por eso “no tengo confianza en que la PGR esté actuando con probidad y con responsabilidad en este caso”, advirtió Gómez.
Dijo que el problema es que la dependencia opera con jueces de consigna y logra que hagan lo que quiere, automáticamente, “eso es lo que genera una gran desconfianza, porque no se integran las averiguaciones, todo se hace como lo decide la Procuraduría”.
El ex secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Sánchez Camacho, comentó que su partido está obligado a reforzar sus filtros para impedir la postulación de personajes ligados con el crimen organizado y esa deberá ser una tarea que asuma la nueva dirigencia nacional.
