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La corrupción en la Procuraduría General de la República (PGR) aumentó 110% en los últimos seis meses respecto a la tendencia que observó la dependencia como promedio mensual entre diciembre de 2012 y marzo de 2015.
Al dar a conocer los resultados de la Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción, la PGR señaló que de abril a septiembre del año en curso consignó a 168 de sus servidores públicos por extorsión y cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y fraude, entre otros delitos.
En esos seis meses, la dependencia que encabeza Arely Gómez obtuvo de jueces federales 80 órdenes de aprehensión en contra de mandos, agentes del Ministerio Público de la Federación y elementos de la Policía Federal Ministerial, lo que representó un incremento de 67% en la tendencia que se observó entre el periodo de diciembre de 2012 a marzo del año en curso.
Asimismo, la PGR obtuvo auto de formal prisión contra 69 de sus servidores públicos por diferentes delitos cometidos, lo que significó un aumento de 132% contra el promedio antes mencionado.
En un comunicado, la PGR explicó que por medio de la Visitaduría General fueron removidos de sus cargos 89 agentes del Ministerio Público de la Federación y 15 agentes de la Policía Federal Ministerial, 276% más que el promedio mensual de diciembre 2012 a marzo 2015.
“Las conductas que dieron lugar a estas sanciones consistieron en irregularidades graves como introducirse a un domicilio sin orden de cateo o causar destrucción en el mismo, uso excesivo de la fuerza, causar lesiones a detenidos o detener con prepotencia a ciudadanos sin causa justificada, solicitar dinero a parientes de detenidos a cambio de beneficiarlos respecto de su estado jurídico, sólo por mencionar algunas”, indicó.
Al desglosar los principales delitos en los que ha incurrido el personal de la PGR, se detalló que se tienen registrados siete casos de privación ilegal de la libertad con el propósito de extorsión.
En cuanto a enriquecimiento ilícito, se indicó que se tienen seis casos, de los cuales uno corresponde a un ex director general que no justificó su patrimonio acorde a sus ingresos como servidor público, mientras que otros casos son por robo, peculado, hostigamiento sexual y uso de documentos falsos.
