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Un juez federal de distrito liberó a cuatro soldados por falta de pruebas sobre su probable participación en los hechos del 30 de junio del 2014, en donde fallecieron 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y decretó formal prisión en contra de otros tres militares por el delito de homicidio, informaron fuentes judiciales.
En tanto que la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que interpondrá un recurso de apelación y aportará elementos de prueba para acreditar el delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas, los cuatro militares que jurídicamente se encuentran libres porque un juez federal no encontró suficientes pruebas para procesarlos por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso Tlatlaya continuarán encarcelados en el Campo Militar Número 1 para enfrentar su proceso por violaciones al reglamento castrense. Los otros tres soldados seguirán tanto el juicio civil por homicidio como el militar.
La resolución dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal ordenó la libertad inmediata de los efectivos castrenses Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, en cumplimiento de un fallo emitido por el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México, el cual determinó que la PGR violó sus derechos fundamentales, esto es, que no les permitió hablar con un abogado defensor, además de que tampoco les notificó el delito por el que estaban imputados.
El juez dictó la libertad por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y encubrimiento en la hipótesis de no impedir la consumación de un delito. En el caso de Ezequiel Rodríguez, la resolución lo absuelve de este último ilícito.
Según la declaración preparatoria de los efectivos castrenses, ellos se encontraban fuera de la bodega y no supieron lo que ocurrió dentro de la misma el día de los hechos, ya que brindaban lo que se denomina “seguridad perimetral”.
En lo que se refiere a los militares acusados del asesinato de 22 personas: Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López, el juez consideró que sí existen suficientes elementos de prueba para que sean juzgados por los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado en agravio de 22 civiles. Además, serán procesados por el delito de alteración ilícita del lugar y de los vestigios del hecho delictivo, es decir, que alteraron la escena del crimen para argumentar que los 22 civiles habían muerto durante un enfrentamiento.
Consultado al respecto, el penalista Juan Velásquez, quien conoce el expediente del caso Tlatlaya, señaló que “los civiles reformamos el fuero de guerra precisamente alegando que los militares encubrían; ahora son los civiles los que los han enjuiciado y los liberan.
“¿Qué es lo que sucede? Que las pruebas fundamentalmente de la ejecución son los dichos de las tres mujeres, de las dos presuntas prostitutas y de la mamá, nada más que esos dichos han sido absolutamente contradictorios porque han declarado varias veces y cada vez han dicho cosas distintas y entonces son contradictorias entre ellas y entre ellas mismas”, refirió.
Al respecto, el abogado destacó “qué tan eficaces serán esas pruebas si ni siquiera sirvieron para sustentar un auto de formal prisión, que se fundamenta con duda en tanto probable responsabilidad, y precisamente porque no hay prueba de la probable responsabilidad se les pone libres”.
Velásquez explicó que en los juicios penales civiles en caso de duda y para la formal prisión se puede dictar ésta, pero en caso de duda para una condena se debe absolver, porque se requieren pruebas de la plena responsabilidad.
A manera de recuento señaló que el 30 de junio de 2014 una patrulla de ocho militares “pasan por la bodega en la madrugada muy obscuro, pero es una bodega aislada iluminada con mucho ruido, los militares se acercan y los reciben a tiros, al grado de que hay un primer militar herido. Los siete militares restantes se enfrentan a los que están en el lugar y en el enfrentamiento los otros mueren”.
Velásquez expresó que “se dice que hubo una desproporción entre los militares heridos y los delincuentes muertos, nada más que hay que tomar en cuenta que eran ocho militares entrenados, con armamento y sobrios, los 22 muertos dan positivo a disparos de armas de fuego, a drogas y alcohol”.
Hay tres mujeres en ese lugar, agregó, que se dicen en ese momento secuestradas: dos ellas presumiblemente prostitutas y la mamá de una joven que era novia de uno de los de la banda que muere en el tiroteo. Ellas declaran que los de la banda las amarran, las encobijan y les dicen que griten que están secuestradas; tras la muerte de los 22 presuntos delincuentes, los soldados rescatan a las tres mujeres.
“Mi pregunta es: si hubiera sido una ejecución, ¿qué sentido hubiera tenido que los militares hubieran dejado vivas a tres testigos de cargo, sobre todo cuando una de las testigos de cargo era la mamá de una joven muerta? Las rescatan, las entregan a la policía, el Ministerio Público, y ellas, y delante de defensores de derechos humanos y de abogados, rinden unas primeras declaraciones en las que jamás hablan de una ejecución”, indicó.
Tres meses después, refirió, la mamá de la joven, ubicada como la testigo de la PGR bajo el alias de Julia, da una entrevista a una revista en la que por primera vez habla de una ejecución, y en el expediente no hay pruebas de tortura alguna en su contra.
La PGR consigna a los ocho militares como responsables de homicidio, “pero en cuatro intentos no consigue una orden de aprehensión, sino hasta una quinta vez y con otro juez federal, distinto al que las había negado. El juez libra ocho órdenes de aprehensión”.
Por su parte, mencionó, la Policía Militar detuvo a los soldados, los encarceló en la prisión militar, pero a disposición del juez federal, quien les toma su declaración preparatoria y en el término constitucional de las 72 horas a uno lo declara libre porque había sido herido; se había quedado en la entrada de la bodega.
Los siete militares formalmente presos apelan y el pasado miércoles 30 de septiembre el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión y le ordenó al juez de primera instancia federal que repusiera el procedimiento, manifestó.
El juez federal de la causa, detalló, repuso el procedimiento, les volvió a tomar declaración preparatoria y en el término constitucional de 72 horas, que concluyó el viernes pasado, decretó libertad para cuatro soldados y formal prisión por homicidio para tres militares implicados en el caso Tlatlaya.
En junio pasado EL UNIVERSAL informó que, a un año de los hechos, las tres principales testigos de cargo en el caso Tlatlaya cayeron en contradicciones en las declaraciones.
Según la averiguación previa AP/PGR/-SEIDO/UEITA/174/2014, se asentaron las versiones de las testigos cuya veracidad es clave en el proceso penal. Las testigos Cinthia Estefany Nava López, Patricia Campos Morales y Clara Gómez González, alias Julia, aseguraron que estaban secuestradas, para cambiar después su versión.
