politica@eluniversal.com.mx
En la estrategia de captura de Joaquín El Chapo Guzmán uno de los objetivos es debilitar la estructura financiera del Cártel de Sinaloa. Las diligencias que realiza ahora la Procuraduría General de la República (PGR) se enfocan en empresas, prestanombres, inmuebles y cuentas bancarias ligadas a la organización que lidera el capo, señala Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Salas Chávez comenta que se tienen elementos suficientes para llevar a juicio a todos los involucrados en la evasión de Guzmán Loera, ocurrida el 11 de julio pasado, pero al final será decisión del juez establecer responsabilidades.
Al cuestionarle que la fuga de un penal de alta seguridad minó la credibilidad del aparato del sistema de justicia, el funcionario enfatiza que no fueron las instituciones, sino un problema de un grupo de servidores públicos que fallaron.
“Tenemos un sistema de justicia y de seguridad en materia de readaptación y reinserción social muy sólido. Tenemos instituciones perfectamente diseñadas, equipadas. No me parece que sea un problema de vulnerabilidad en cuanto a las estructuras en el funcionamiento de las instituciones, los que fallaron fueron los individuos”, sostiene el subprocurador.
Señala que, entre las omisiones, algunos de los servidores públicos de El Altiplano que tenían mando y dirección no cumplieron con sus obligaciones de garantizar las condiciones de máxima seguridad del penal.
¿Entre los detenidos está Celina Oseguera?, ¿es la funcionaria de más alto nivel que está involucrada o habría alguien más?
—La ex coordinadora general de los Centro Federales de Readaptación Social se encuentra sujeta a proceso y, hasta el momento, de los elementos con los que contamos es la persona con mayor nivel jerárquico.
¿La diputada por Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez ya se presentó a declarar?
—Tengo limitaciones legales para expresar datos inherentes a la investigación, pero le puedo afirmar que todas las personas que les resulte cita y deban declarar ante el Ministerio Público de la Federación sin duda que así será.
¿Joaquín Guzmán Loera tuvo apoyo de otro grupo delictivo para la fuga?
—Hasta el momento lo que tenemos acreditado es que la planeación, organización, coordinación y ejecución de la evasión obedeció al círculo cercano y de mayor confianza de Guzmán Loera; lo que tenemos acreditado es que ellos fueron los que se encargaron de realizarlo.
No son sumas de casualidades ni una circunstancia vinculada a errores cometidos de manera simultánea en un mismo momento; para ello también contaron con la conducta omisiva, de manera consciente y dolosa, de algunos servidores públicos del centro federal.
¿En las nuevas líneas de investigación que anunció la procuradora no hay posibles vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación?
—Se estableció que la investigación no está cerrada, persiste y entra en una nueva etapa, con la independencia de que ya tenemos a diversas personas puestas a disposición de un juez.
Estamos realizando cateos en domicilios de diferentes partes de la república, en búsqueda de otros participantes, instrumentos, objetos o productos del delito vinculados con el narcotráfico. Seguirán las investigaciones respecto de algunas otras personas que no han sido identificadas o identificadas parcialmente.
Se tiene identificado que Guzmán Loera podría estar en la zona de Sinaloa, Durango. ¿Qué se está haciendo para su captura?
—Desde el momento en que Guzmán Loera evadió la justicia de inmediato se tramitaron diversas órdenes de reaprehensión por distintos órganos jurisdiccionales; por otra parte, el Ministerio Público, en coordinación con las fuerzas federales, realiza diversas acciones en cumplimiento de órdenes de cateo. Las fuerzas de seguridad nacional y del orden público realizan diversos despliegues tácticos en la búsqueda del objetivo.
¿Qué tanto ha sido golpeada la estructura financiera del Cártel de Sinaloa?
—Hasta el momento no se ha presentado un recuento de los aseguramientos y bloqueos de cuentas bancarias, pero sí hay un sinnúmero de inmuebles asegurados.
Es una de las prioridades que se le están dando a la investigación. En SEIDO estamos integrando la investigación, se realizan diversas diligencias encaminadas a la identificación de las empresas y las personas que son los testaferros que le sirven a la organización criminal, y conforme avance la investigación irán siendo aseguradas dichas cuentas e inmuebles.
No habrá impunidad. Podemos señalar las acciones concretas que ponemos a consideración de la sociedad, a través de los medios de comunicación, solamente con el afán de garantizar una debida transparencia de las acciones que desarrolla la autoridad y en cabal cumplimiento al derecho a la información que tiene la población. Seguiremos llevando a cabo las diligencias y presentando pruebas que nos permitan llegar a una acusación que se formalice en sentencias condenatorias.
¿Hay pruebas suficientes para sostener que los detenidos son los que participaron de alguna forma?
—Sin duda, con el caudal probatorio que hoy nos permitió llevarlos a juicio antes fue necesario que obtuviéramos órdenes de aprehensión, en algunos casos cateos y esperamos que en todos los casos se nos otorguen los autos de formal prisión.
Nosotros nos atenemos siempre a las decisiones que los jueces en su caso resuelvan.
¿Se llegará con todos los responsables sin importar el nivel jerárquico de otro funcionario si es que está involucrado en la evasión?
—Nadie puede estar por encima de la ley. Con pleno respeto a los derechos humanos, que incluye la presunción de inocencia de quienes pudieran estar involucrados, en su momento, de acuerdo con las constancias procesales con las que se cuente, se determinará quién pudiera tener responsabilidad en los hechos.
