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Para la Procuraduría General de la República (PGR), el estatus jurídico de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es de “cautivos”, mismo que se ha mantenido a lo largo de la investigación, informó el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario puntualizó que las 110 personas que han sido consignadas por los hechos están acusadas de secuestro, desaparición forzada y delincuencia organizada.
“Estamos hablando de los delitos de secuestro, desaparición forzada y delincuencia organizada. Tratándose de esos delitos, las personas se definen como desaparecidas, ‘cautivas’, y siempre han estado en ese estatus jurídico desde que se desarrolló la averiguación previa”.
Subrayó que el caso no está cerrado, pues el delito de desaparición no prescribe y se considera de lesa humanidad; mientras que en el caso de secuestro, se establece que existe flagrancia.
“En el secuestro, mientras no aparezcan las personas, no puede estar concluido, ni cerrado. Se trata de un caso que no está cerrado. En la desaparición además tenemos delitos que son imprescriptibles porque son de lesa humanidad, porque implican una violación grave de los derechos humanos que seguirán investigándose”.
Betanzos Torres rechazó que la “verdad histórica” sostenida por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que señalaba que los 43 estudiantes normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, haya sido echada abajo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). En todo caso, dijo, debe demostrarse con evidencias, para lo cual se realizará un tercer peritaje.
“Esa es una línea de investigación que se establece en el expediente a partir de las declaraciones de actores de esta situación posible de incineración de restos en el basurero. A partir de ellas es necesario recabar evidencias, requiere de un peritaje y éste lo hemos puesto a consideración de una serie de expertos que permitan arribar a una conclusión que lleve a definir si las declaraciones son ciertas en las características que se plantean”.
Reveló que la PGR pondrá énfasis en la posible conexión de la ruta de la cocaína de Iguala a Chicago que controla el grupo Guerreros Unidos, como posible móvil de la desaparición.
Detalló que de las conclusiones que arroja el informe del GIEI se trabajará sobre la que señala la existencia de un quinto autobús en el que viajaban parte de los normalistas.
“A partir de lo que han puesto de manifiesto los expertos, [se] abre este énfasis en la posibilidad de que autobuses hayan sido modificados para ser usados en el trasiego de la droga a partir de antecedentes de casos similares que la propia PGR ha consignado dentro de este expediente y que apuntan a esa posibilidad”.
Betanzos aclaró que la información del quinto autobús ya se encontraba en el expediente. “El énfasis que nos permite ahora el informe de los expertos es solidificar la línea que lleve a investigar con todo detalle y cuidado esta posibilidad que explicaría la virulencia de la reacción que se tiene contra los estudiantes”.
Dijo que se investigará si en alguno de esos autobuses había narcóticos o sustancias prohibidas, lo que provocó que los estudiantes quedaran “en una situación vulnerable”.
Aseguró que durante los más de 11 meses transcurridos a partir de los hechos, la investigación siempre ha estado abierta y se han realizado 660 actividades de búsqueda. Rechazó que la indagatoria haya sido desaseada y que coloque a México a nivel internacional como ejemplo de lo que no se debe realizar.
jram
