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marco.muedano@eluniversal.com.mx
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que no existen evidencias científicas que confirmen que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que exigieron al gobierno federal un replanteamiento de la investigación para saber qué fue lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los jóvenes.
Los expertos presentaron el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, que muestra la investigación y recolección de evidencias o documentos que se hizo en los últimos seis meses. Francisco Cox, integrante de ese grupo, aseguró que para quemar los cuerpos de los estudiantes se hubiera necesitado una “carga de combustible de madera de 30 mil 100 kilogramos; 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y un consumo de 60 horas”.
Al contradecir el informe que la PGR presentó en noviembre de 2014, dijo que para incinerar cada uno de los cuerpos se necesitaban 12 horas o hacerlo en un crematorio, pues al estar al aire libre, “30% del calor se irradia a los lados, el resto, la gran mayoría, sube al aire y sólo 1% se destina al consumo del objeto a quemar”.
Si la versión de la PGR fuera real, comentó Cox, el fuego hubiera alcanzado una altura de siete metros y el humo hasta 300 metros, por lo que habría sido visible para los habitantes del municipio de Cocula, Guerrero.
En enero pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó un informe que calificó como de “verdad histórica”, en el que señaló que la noche del 26 de septiembre los normalistas fueron privados de la libertad y de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan.
Los especialistas comentaron que José Torero, experto en el manejo del fuego con estudios en la Universidad Berkeley y de Edimburgo, determinó que no hubo llamas de gran magnitud, ya que de haberse incinerado a los jóvenes los árboles presentarían daños. Además, si una persona se hubiera acercado a echar combustible para mantener el fuego, como lo informó la PGR, se hubiera incinerado debido a la radiación que había en el lugar.
“Es un basurero seco, se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona”, dijo Cox.
En conferencia de prensa, comentaron que las agresiones dejaron 180 víctimas directas, seis personas ejecutadas, 40 heridos, 80 perseguidos, 43 desaparecidos y 700 familias afectadas, por lo que el organismo emitió 20 recomendaciones.
Mencionaron que los testimonios de los presuntos involucrados en el caso , y en los que se basa la versión de la PGR “no son fiables”, ya que se guiaron en las declaraciones de cinco personas detenidas.
Las conclusiones del GIEI indican que desde el momento en que los jóvenes estaban en la caseta de Iguala —17:59 horas del 26 de septiembre—, personal del 27 batallón del Ejército y de la Policía Federal recibieron los primeros reportes sobre su presencia a través del Centro de Control de Mando C-4, información que llega a todas las autoridades.
Cerca de las 21:53 horas, en las inmediaciones del zócalo de Iguala, las fuerzas federales y armadas son notificadas del ataque a los estudiantes a través del C-4; sin embargo, a partir de las 23:00 horas se suspende la comunicación. Sólo hasta después de la medianoche, las radios se activaron para informar sobre el ataque a un camión en el que se trasladaba el equipo de futbol Los Avispones.
Según las versiones del grupo, los disparos los efectuaron elementos municipales y estatales. En el caso de la Policía Federal, explicaron que tuvieron conocimiento de los hechos, e incluso, un grupo de jóvenes que escaparon del ataque, mencionaron que presuntos policías federales los persiguieron. En los expedientes se menciona que una patrulla de esa corporación detuvo un autobús.
En el caso del Ejército, se constató que un supuesto “agente de inteligencia militar” narró en su declaración ante la Procuraduría, cómo fueron agredidos los alumnos por las autoridades. “Este (supuesto) militar señala que los jóvenes gritaban, que los bajaron del autobús esposados y los tiraron al piso”, mencionaron los expertos. El ataque fue coordinado por una persona, de la cual se desconoce su identidad, desde una casa blanca en el centro de Iguala, dijeron.
Las conclusiones que obtuvo el grupo fueron a partir de documentos oficiales, pruebas de expedientes, declaraciones y reportes del C-4.
Los investigadores comentaron que hay una hipótesis, que los estudiantes fueron secuestrados al tomar un autobús de la firma Estrella Roja, en el que se transportaba heroína con destino a Estados Unidos. Se trata de un quinto camión y por el cual existe una investigación radicada en una Corte de Distrito de Atlanta a partir del testimonio de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), en la que se investiga el tráfico de droga que realiza la organización criminal Guerreros Unidos a través de autobuses.
“Estos hechos se hicieron del conocimiento de la Procuraduría la última vez que venimos a México. Se le informó la necesidad de investigar qué pasa con este autobús, por la situación con el narcotráfico en la región, con el traslado de heroína de Iguala a la ciudad de Chicago; esa es una hipótesis que solicitamos a la Procuraduría investigar”, dijo Claudia Paz.
Hasta el momento las personas detenidas por la desaparición de los jóvenes, sólo se encuentran consignadas por el delito de secuestro, y no por el de desaparición forzada.
“Ya tenemos conocimiento de las consignaciones y fueron por secuestro, quien debe de resolver si son responsables o no es el juez. El secuestro como delito, que es por el que se está acusando, no es por desaparición forzada”, comentó Ángela Buitrago, otra de las integrantes del grupo.
El informe presenta 20 recomendaciones al gobierno federal, entre las que están unificar las investigaciones, determinar si hubo otros delitos, detener a más responsables, mejorar la búsqueda, pedir que los familiares participen en las indagatorias, investigar el uso de hornos crematorios, realizar un nuevo mapa de desapariciones y contar con fotos satelitales.
Los especialistas instaron al gobierno a dar a conocer de quién son los restos encontrados en el río San Juan de Cocula, ya que las investigaciones indican que no corresponden a los estudiantes.
jram
