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Por un presunto conflicto de interés del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez de Icaza, la organización Alto al Secuestro exigió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la propia CIDH abandone la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014.
Acompañada por el primer zar antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR), Samuel González Ruiz, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que Álvarez de Icaza tiene vínculos con organizaciones sociales de Guerrero que apoyan a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, por lo que se estarían violando las reglas internas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que establecen que las personas pertenecientes a un país o nación no pueden formar parte de una investigación multinacional en su país de origen.
Miranda de Wallace reconoció que si bien es cierto que se requiere abundar en la investigación oficial con la colaboración de expertos internacionales, la indagatoria tendría que ser dirigida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la cual cuenta con investigadores profesionales que podrían aclarar este caso de manera definitiva y evitando la posibilidad de un conflicto de interés por la participación de Álvarez de Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Calificó de injusticia que el titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y encargado de la indagatoria sobre Ayotzinapa, Gualberto Ramírez Gutiérrez, pueda ser removido de su cargo como consecuencia de los resultados que presentó en la indagatoria y destacó que es un funcionario de la PGR que siempre ha mantenido abierta la investigación para las familias de las víctimas y sus representantes legales.
La ex candidata del PAN a la jefatura de Gobierno del DF cuestionó la calidad de los 43 normalistas desaparecidos como víctimas, con el argumento de que fueron los primeros en infringir la ley para tomar autobuses;podría darse el caso que ni siquiera estén desaparecidos, ya que sus padres no han presentado la denuncia correspondiente por secuestro.
