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Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), afirma que no se volverá a politizar la emisión de las alertas de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM), problema que, admite, ya es de carácter nacional.
El mecanismo estuvo detenido seis años, por ello “ahora es tiempo de que funcione o funcione”, sostiene en entrevista con EL UNIVERSAL.
En menos de un mes, la Conavim —organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación— recién emitió dos alertas, una para el Estado de México (31 de julio) y otra para Morelos (10 de agosto). En el primer caso tomó cinco años lanzarla y casi un año para Morelos.
La explicación, expuso Alejandra Negrete, es que antes de 2013 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contaba con un reglamento emitido en 2008 que dio pie a que las decisiones de alerta se politizaran.
Dijo que los rezagos más importantes en los estados frente al tema de violencia contra la mujer es la falta de bases de datos y la carencia de un puntual seguimiento a las denuncias.
También se tiene un rezago en la armonización de leyes estatales con la legislación federal; la falta de investigación de casos y una adecuada reparación del daño, así como el desconocimiento de medidas precautorias adecuadas para mujeres en riesgo.
Actualmente están pendientes siete entidades que solicitaron alerta de género: Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Baja California y Sonora, este último apenas comenzó a ser analizado.
Hay lentitud en casos para decretar la alerta, ¿en qué se basan?
—Estamos en un momento clave y en un momento crucial para trazar nuevos caminos. Las viejas políticas ya no funcionan. Tenemos en estudio nueve alertas: tres con el reglamento anterior y seis con el nuevo.
Con el reglamento anterior está [la alerta en el] Estado de México ya decretada; Chiapas y Nuevo León, estos dos últimos casos en estudio aún. Con la nueva reglamentación están Guanajuato, que se decidió por el momento no dictar la Alerta de Violencia de Género porque el estado cumplió razonablemente con las medidas que efectuó el grupo de trabajo, pero no está descartado. Morelos que se decretó. Michoacán, Colima, Baja California y Sonora se está en espera de que cumplan o no con las recomendaciones.
Con el nuevo reglamento tienes un mes para hacer la investigación, más o menos un mes después surge el informe con las recomendaciones, el estado tiene 10 días para aceptarlas o no y seis meses para cumplirlas.
Ya no queda al arbitrio de autoridades o instituciones, ahora hay plazos muy específicos. El anterior reglamento era totalmente diferente: llegaba la solicitud y se analizaba en el seno del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y ahí se politizó el tema porque las presidentas de los institutos de las mujeres eran las que tenían que generar el reto; se les pedía que votaran respecto a otros estados, entonces necesariamente se politizaba el voto. En esta administración el Gobierno de la República pidió cambiar el reglamento justo para agilizar y que las alertas no fueran politizadas.
¿Las autoridades estatales realmente asumen el tema?
—Se han hecho diversas acciones. Los gobernadores han mostrado la voluntad. Es un tema nacional, no nada más de unos estados.
Las barreras
¿Cuáles son las principales limitantes que tienen los estados para cumplir con las recomendaciones que les hacen?
—Nosotros dividimos las alertas en tres medidas: seguridad, justicia y prevención. Las de seguridad son más ágiles, son las urgentes. Se trata de recuperar espacios públicos, de hacer patrullajes preventivos, de generar acciones emergentes para atender un problema muy puntual. Las de justicia son más estructurales: son problemas que cruzan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hay problemas en la procuración y atención de justicia para las mujeres, ahí sí hay que hacer acciones que van más profundas. Tenemos medidas de protección para mujeres, que son cruciales porque si se previene, no se tiene que llegar a un asesinato.
¿Falta armonización legislativa?
—Falta mucha armonización legislativa y esa es una de las recomendaciones principales.
¿Cuáles son los principales rezagos detectados?
—La falta de procuración de justicia y carencia de bases de datos; la reparación del daño a las mujeres; otorgar bien las medidas de protección para prevenir los feminicidios y las investigaciones.
Muchas veces se ve como familiar, dentro de casa y el Ministerio Público no entra por no meterse a un tema íntimo y hay que cambiar esa visión.
¿Qué impide prevenir y sancionar la violencia?
—La falta de bases de datos es el tema más grave.
¿Tienen recursos suficientes para atender el tema?
—En las dos alertas, Estado de México y Morelos, otorgamos el destino de recursos que como Conavim tenemos. Para 2015 nos fueron destinados ocho millones de pesos para las alertas. Lo que tenemos lo vamos a ir bajando a los estados. Para el Estado de México apoyaremos un Centro de Justicia para las Mujeres.
Para prevención, tendrá que ayudarnos la Subsecretaría de Prevención y la Policía Federal, todas las instituciones tienen recursos para diferentes acciones y vamos a trabajar así.
O funciona o no funciona el mecanismo de alerta, ahorita es el momento más importante y vamos a echar toda la carne al asador para sacarlo adelante el mecanismo.
¿Y la inmediatez? La alerta para el Estado de México se pidió en 2010 y se otorgó hasta 2015
—Por eso se cambió el reglamento. En el Estado de México la solicitud fue de 2010, Nuevo Léon de 2012 y Chiapas de 2013. Se habían negado y se fueron a juicio de amparo y la instrucción que recibí es que no peleáramos el tema de alertas. Los jueces determinaron que lleváramos investigación. Ahora sí hay tiempo y están en el proceso de cumplen o no cumplen.
jram
