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A un mes de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, no hay pistas que conduzcan a la recaptura del capo, no hay una explicación firme de cómo pudo burlar la seguridad del centro penitenciario y sobre la red de corrupción que ayudó al El Chapo a escapar. La Procuraduría General de la República (PGR) sólo acreditó que tres servidores públicos participaron, de los 37 que declararon, después de la evasión.
Expertos en temas de seguridad coinciden en que hasta el momento las investigaciones para dar con todos los responsables que participaron en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa son incompletas y conforme pasen los días, la recaptura de Guzmán Loera será más difícil.
“No veo fácil que lo puedan recapturar, no será sencillo. La última vez [en detenerlo] se tardaron como 13 años; yo diría que si se fugó dos veces, se podrá fugar una tercera, incluso es probable que El Chapo se jubile libre”, comentó Jorge Chabat.
En esa misma postura, Javier Oliva señaló que “en el corto plazo será muy difícil su captura, y conforme pasen los días, pone en evidencia la fragilidad y la incompetencia de la autoridad”.
Las autoridades no han podido desentrañar hasta qué nivel de funcionarios pudo haber corrompido Joaquín Guzmán desde el 22 de febrero del año pasado cuando fue detenido en Mazatlán y trasladado de inmediato al penal de máxima seguridad, en donde ocupó la celda 20 del área de tratamientos especiales.
Una pieza clave, de quien tampoco se sabe, es el comprador del predio donde se planeó y orquestó la fuga por medio de un túnel que inició su construcción tres meses después del encarcelamiento de El Chapo Guzmán.
De acuerdo con la declaración del ex dueño del predio, Calixto Estrada Castillo, sólo se tiene conocimiento que el comprador es Francisco Ramírez León, quien se acercó a Calixto por medio de una persona identificada como Juan para adquirir el predio por 1.5 millones de pesos, aproximadamente.
Al respecto, Javier Oliva mencionó que a un mes de la fuga, no puede ser que los únicos responsables hasta el momento sean sólo los que directamente supervisaban la conducta directamente de Guzmán Loera.
“Hasta el momento la investigación ha resultado incompleta; además de manera fuera de lugar, las autoridades han hecho una apología del criminal al decir que es una persona muy inteligente”, enfatizó.
El experto en temas de seguridad dijo que lo que está detrás de la fuga, es una enorme corrupción en el país, y el gran liderazgo que mantiene el capo al interior de su organización.
“El costo de la fuga ha sido enorme para el gobierno federal; Guzmán Loera recibió un trato excepcional al interior del penal, y el haber contratado topógrafos, maquinaria, comprar el terreno cerca del penal, todo eso fue una logística que nos habla de la vulnerabilidad de las instituciones y la traición de funcionarios que se dejaron comprar”, advirtió.
Por otra parte, Jorge Chabat señaló que es un absurdo pensar que en la fuga hay tres responsables (el encargado del Centro de Control de monitores y dos custodios), al tiempo que advirtió que de quedarse sólo ahí las capturas de partícipes en la fuga, “lo que proyecta una imagen de impunidad y el costo [político] será mayor para el gobierno de [Enrique] Peña Nieto”.
“La fuga explica el alto nivel de corrupción y es un signo de la debilidad institucionalidad y de la penetración del crimen organizado. El gobierno si lograra recapturarlo, amortiguaría el golpe político que ha sufrido, pero no va a ser sencillo”, agregó.
La celda 20 del área de tratamientos especiales del penal, en donde era vigilado las 24 horas por circuito cerrado con dos ángulos distintos, tenía dos puntos ciegos para no invadir su privacidad en el área sanitaria y de regadera, mismos que fueron aprovechados por el capo para su fuga. La gente de Guzmán Loera sabía la forma en que estaba construido el penal, tuvo de su lado a expertos topógrafos y utilizaron tecnología para cavar con precisión el túnel; las autoridades no han explicado cómo es que nadie detectó ruido.
En sus primeras declaraciones, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, negó que Joaquín Guzmán Loera hubiera utilizado maquinaria para excavar el túnel de 1.5 kilómetros que llegó hasta su celda desde el exterior de la prisión.
Incluso, sostuvo que una fuente de calor o algún tipo de ácido se había utilizado para levantar el concreto del piso que conectó el piso de la celda de El Chapo con el túnel que excavaron sus cómplices por varios meses.
Sin embargo, testimonios de otros reos que se encuentran recluidos en el área uno de Tratamientos Especiales del Centro Federal de Readaptación Social Número (Cefereso) afirman que desde una semana antes de la fuga se escuchaban ruidos de taladros y golpes en los pasillos del centro penitenciario, los cuales eran justificados por las autoridades del penal por una presunta impermeabilización que no existió.
A pesar de ello, la indagatoria de la PGR sobre los eventuales cómplices del líder del Cártel de Sinaloa, tampoco ha tenido grandes resultados.
De alrededor de 67 funcionarios, custodios y mandos penitenciarios que han declarado sobre la evasión de El Chapo, sólo siete fueron acusados de cometer el delito de evasión del reo; y sólo tres de los siete imputados quedaron sujetos a juicio penal y siguen en prisión por su probable complicidad en la segunda fuga del capo.
Para el juez de la causa, la PGR no pudo acreditar ni siquiera de manera indiciaria que cuatro servidores públicos tuvieran relación con el hecho, por lo que fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley.
Además, para revertir el fallo en su contra, la PGR presentó un recurso de apelación ante un tribunal colegiado en materia penal, cuya resolución tarda de dos a cuatro meses, tiempo en el que revocará o confirmará la libertad de dos monitoristas y un custodio.
Esta es la primera ocasión que la PGR ofrece una recompensa de 60 millones de pesos por un fugitivo que ya es buscado en 199 países por la Policía Internacional (Interpol) quien emitió la ficha roja.
jram
