Sólo cuatro de siete policías ministeriales señalados como responsables de haber torturado a tres mujeres , que presenciaron la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, son procesados por el delito de tortura y abuso de autoridad, al tiempo que en breve podría indemnizarse a estas tres víctimas, informó el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien descartó la alteración de la escena .
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México solicitó orden de aprehensión en contra de siete policías ministeriales y una agente del Ministerio Público, de los cuales un juez determinó vincular a cuatro de ellos por el delito de tortura, en el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014, en que 22 personas fallecieron baleadas, informó el procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
El Ministerio Público de la Procuraduría mexiquense, ejercitó acción penal en contra de siete elementos de la policía ministerial, de ellos un juez concedió orden de aprehensión contra cuatro, que fueron detenidos, no obstante “a la hora de formular, la autoridad judicial concedió garantía cautelar y las firmas correspondientes, esto porque el delito de tortura no está previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un delito que merezca prisión preventiva oficiosa”, es decir la detención con cárcel, por lo que serán procesados luego de pagar una fianza, indicó el procurador Alejandro Gómez, en conferencia de prensa.
Para la detención de los otros tres policías ministeriales, se “está llevando el perfeccionando el ejercicio de la acción penal, para estar en condiciones de volver a formular la imputación correspondiente”, indicó el procurador mexiquense
Además “en días pasados se llevó a cabo la imputación por abuso de autoridad, sin detenido, en contra de una agente del MP, que tiene alguna vinculación con los hechos”.
Edomex indemnizará a víctimas de Tlatlaya
Alejandro Jaime Gómez informó que fue autorizado el Fideicomiso del fondo para la reparación integral de daños a las victimas del caso Tlatlaya, que en el caso que compete al Estado de México son las tres mujeres que fueron testigos de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en que murieron 22 personas en un enfrentamiento con el Ejército.
“Consecuentemente lo que sigue es emitir las reglas de operación correspondiente, que seguramente serán emitidas esta semana. Para estar en condiciones de que las tres mujeres puedan acudir al Instituto de Atención a Víctimas, para llevar a cabo el pago individual correspondiente.
"Es muy importante aclarar -apuntó el procurador mexiquense- que una cosa es la reparación que compete al gobierno del Estado de México, en función a la carpeta de investigación que nosotros seguimos a partir de la recomendación de la CNDH por maltrato, tortura y abuso de autoridad, y otra que tiene que ver con la reparación integral del daño, que compete a las autoridades federales, que deriva la misma recomendación”.
El fondo para indemnizar a víctimas , está integrado por alrededor de 40 millones de pesos, “de este fondo se irán atendiendo todos y cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos, en el caso de Tlatlaya, la cantidad de cada una de las tres testigos se derivará de su situación, de la cantidad de hijos que tengan en edad escolar, si cuentan con servicios de salud, de su situación de desarrollo correspondiente, se seguirán los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, monto del cual aún no hay una estimación, indicó el procurador mexiquense.
En cuanto a señalamientos de la alteración de la escena donde 22 personas fueron encontradas muertas por disparos, el procurador mexiquense señaló que cuando arribaron los servicios periciales, los peritos analizaron el lugar como lo encontraron, el que haya habido deficiencia por parte de ciertos peritos, es lo que en este momento es materia de investigación de la autoridad administrativa, no obstante “no hemos encontrado actuación dolosa, por parte de la actuación de servicios periciales”, apuntó Alejandro Jaime Gómez.
Más de 50 servidores públicos de la PGJEM han comparecido ante la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) “y serán ellos los que determinen la responsabilidad de cada uno de ellos. En el caso de la responsabilidad penal, no hemos determinado, responsabilidad del personal de servicios periciales, sin perjuicio de lo que determine el IGISPEM”, afirmó el procurador mexiquense.
