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A 24 días de que la Cámara de Diputados inicie el periodo ordinario de sesiones, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) envió a los diputados una carta solicitándoles que en su agenda legislativa incluyan la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La misiva, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, recibida el lunes por los líderes parlamentarios de la Cámara Baja fue enviada por el representante en México del Alto Comisionado de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y advierte que la desaparición de personas es una “tragedia” que actualmente afecta a miles de personas en México, lo que hace necesario un esfuerzo decidido del Estado para hacerle frente.

“Por tal motivo, la ley general que el Congreso de la Unión avale debe ser una pieza fundamental para que el Estado mexicano proteja, respete y garantice los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares”, señala.

La Organización de las Naciones Unidas pide a los diputados “priorizar en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones la discusión y aprobación” de esas leyes.

En el documento, el representante del Alto Comisionado les reitera su disponibilidad para seguir brindando la asesoría y cooperación técnica que requieran la Cámara Baja y los grupos parlamentarios, a fin de que la ley general sea aprobada a la brevedad posible.

Aceptan urgencia. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, y coordinador del PRD, dijo que la minuta de la Ley General de Desaparición Forzada debe salir en septiembre, al inicio del periodo ordinario, ya que es una de las demandas no sólo de la ONU, sino de las organizaciones civiles, pero sobre todo, de la sociedad.

“Yo creo que es un tema que debió haber salido en el anterior [periodo]. Algunas relaciones que no se dieron, pero desde luego que es un tema prioritario para nosotros en el PRD y en el siguiente ordinario será un tema que desde luego estaría priorizándose para septiembre. Yo espero que lo podamos atender”, añadió.

Agregó que es posible que la norma sea modificada, debido a que algunas organizaciones han expresado que la ley está acotada y por ello no se puede descartar que sufra cambios.

Al respecto, José Manuel del Río Virgen, presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, adelantó que su bancada está en la mejor disposición de avalar esas leyes.

Coincidió en el diagnóstico de la ONU en materia de desaparición y por ello sus diputados trabajarán con el objetivo de aprobar normas que abatan la desaparición.

En el último día. El dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares fue avalado el 28 de abril por el pleno del Senado. El 30 de abril, últímo día de sesiones, la Cámara de Diputados recibió esa minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso a expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El documento fue enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), y precisa en los transitorios que la legislación deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la misma y regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La minuta establece penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a funcionarios y particulares que participen en este delito, además de que en este ilícito no aplicarán amnistías, indultos y medidas similares a la impunidad.

La minuta fue producto de varias iniciativas presentadas ante el Senado, entre ellas una del presidente Enrique Peña Nieto, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD); del senador Roberto Gil (PAN), del entonces senador Omar Fayad (PRI), y de organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparecidos.

Uno de los puntos más polémicos en las discusiones del Senado fue que no había acuerdo en el manejo de las categorías de personas desaparecidas y personas no localizadas, así como la petición de familiares de víctimas de desaparición para que la policía local no interviniera en la búsqueda de las víctimas.

Angélica de la Peña reconoció que el Senado envió demasiado tarde la minuta a los diputados y confió en que se avale en el periodo ordinario. “Esperemos que se atienda la solicitud de organizaciones de familiares de personas desaparecidas”, dijo.

Recordó que junto con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CNDH y los familiares de las víctimas han solicitado que no hagan cambios a la minuta.

“Esa minuta es muy importante que se apruebe lo antes posible porque recoge todas las opiniones y deriva de las negociaciones”, dijo.

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