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El ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo se desistió ayer de la extradición a México por el presunto delito federal de lavado de dinero y los de orden estatal de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, durante su comparecencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá.
El tribunal anunció anoche que hoy, a las 16:30 horas locales (tiempo del centro de México), notificará si decide aceptar o rechazar la petición del gobierno mexicano de extraditar a su país a Borge Angulo.
El magistrado panameño Mauricio Marín, presidente del tribunal, reconoció, a las 20:24 horas, al final de una audiencia que empezó a las 17:45 horas y registró dos recesos, que por la “complejidad” del caso esa instancia decidió hacer un “análisis minucioso de cada uno de los argumentos y evidencias” presentados por el Ministerio Público de Panamá y rebatidos por el equipo de defensa legal del ex gobernador.
Se requiere, dijo, de “un receso más extenso” y de adoptar un “plazo para dictar la decisión”. El fallo podría ser apelado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Pese a que se desistió de aceptar y allanarse a la extradición, derecho al que puede acogerse en cualquier momento, el fiscal panameño José Candanedo, del Ministerio Público de Panamá (que defiende los intereses del gobierno mexicano), alertó al tribunal de que Borge “puede perderse de vista” si se le otorga la libertad, y pidió que rechace la petición de la defensa de dejarlo libre previo pago de una fianza o favorecerlo con un rango distinto al de permanecer encarcelado.
El abogado Arturo González, defensor del acusado, negó el riesgo de fuga y garantizó su arraigo en Panamá.
Aparte de identificarse como nacido en San Miguel de Cozumel, Quintana Roo, el 29 de diciembre de 1979, y de aportar datos de sus estudios y reiterar que ahora vive en la cárcel de El Renacer, de esta capital, Borge sólo volvió a intervenir a una pregunta del tribunal y afirmó: “No voy a hacer uso de la palabra, honorables magistrados”.
La comparecencia de ayer reveló que en la solicitud formal que el 24 de julio presentó a Panamá para la extradición de Borge, detenido el pasado 4 de junio en el aeropuerto internacional Tocumen, cuando se disponía a viajar a Francia, el gobierno mexicano añadió tres aparentes delitos estatales en Quintana Roo, con órdenes judiciales de arresto emitidas por autoridades judiciales de Chetumal: peculado, desempeño irregular de función pública y aprovechamiento ilícito del poder.
Los tres cargos que se le atribuyen, y que habrían sido cometidos durante su ejercicio como gobernador, de 2011 a 2016, se refieren a contrataciones presuntamente ilícitas de servicios de taxi aéreo, transporte público y enajenación de bienes-inmuebles.
En una primera comparecencia, el 6 de junio pasado, Borge, de 37 años, rechazó la posibilidad de ser extraditado por un proceso rápido a México. La defensa ratificó ayer una serie de alegatos acerca de las presuntas ilegalidades con la orden de arresto del político, emitida por un juzgado del Estado de México el 31 de mayo.
El ex gobernador se presentó ayer con la misma vestimenta con la que acudió a la vista del 6 de junio, pero sin chaleco antibalas, aunque fue esposado para entrar y salir de la sala.
A ratos, al escuchar algún alegato del Ministerio Público en su contra, se mostró molesto y así se lo externó a su abogado.
Por eso, el magistrado Marín lo llamó al orden y lo recriminó: “Mantenga la calma. Guarde silencio. Guarde la compostura. Estamos en una audiencia formal. Guarde el orden”.
“Sí”, le respondió Borge. Y, pese a su evidente incomodidad, acató el mandato del magistrado, quien hoy anunciará una decisión clave sobre su futuro.
