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Autoridades federales y estatales investigan al ex candidato del PAN al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, por el supuesto reparto de 70 millones de pesos a través de empresas fachada y tarjetas de nómina que habrían sido distribuidas a Consejos Ciudadanos del blanquiazul para la compra del voto durante la campaña electoral.
Después de una denuncia que interpuso el PRI en mayo, EL UNIVERSAL corroboró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) mantiene una investigación abierta con el expediente FED/FEPADE/UNAI-COAH/0000628/2017, relacionado con el seguimiento a una acusación por presuntos hechos ilícitos en materia electoral del PAN.
Además, la Fiscalía Estatal de Delitos Electorales de Coahuila le da seguimiento a dicho tema con una carpeta de investigación con número 00009/SAL/ULDE/2017, en la que ha pedido información a distintas áreas de la Procuraduría General de la República (PGR), incluida la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
Estas investigaciones continúan en medio de impugnaciones de la elección de Coahuila del pasado 4 de junio, por el rebase de tope de gastos de campaña, tanto de Guillermo Anaya, por el PAN, como por Miguel Ángel Riquelme, del PRI.
EL UNIVERSAL buscó al presidente del PAN en Coahuila, Bernardo González, pero no hubo respuesta.
De acuerdo con las indagatorias —resultado de la denuncia interpuesta por el PRI—, el senador Luis Fernando Salazar y Guillermo Anaya reclutaron a alrededor de 6 mil personas para conformar decenas de Consejos Ciudadanos en Coahuila, los cuales se dedicarían a la compra del voto.
El mecanismo señalado detalla que la red de Consejos Ciudadanos recibía tarjetas de nómina Banorte que estaban a nombre de personas afiliadas a sindicatos involucrados en el entramado. El dinero era depositado presuntamente por empresas fachada como Carnes Shamorock SA de CV, Corporativo Rivela SA de CV, así como Romero, Granados y Asociados Sociedad Civil, que solamente prestaban el nombre de sus supuestos sindicalizados para tramitar las tarjetas, pero los plásticos eran repartidos a los activistas del blanquiazul.
Según los señalamientos, más de 70 millones de pesos fueron transferidos por las empresas fachada para la compra de votos.
Sin embargo, como las tarjetas no estaban a nombre de los integrantes de los Consejos Ciudadanos, sino de los sindicalizados, los activistas del PAN realizaban retiros en tiendas Oxxo o cajeros automáticos, a fin de evitar uso de ventanillas en sucursales bancarias y que fueran descubiertos por no ser los titulares de las cuentas.
Los cobros iban de los 350 hasta 2 mil 500 pesos por semana, por lo que las autoridades indagan si ese dinero en efectivo era utilizado para la realización de actividades proselitistas de Guillermo Anaya o directamente para comprar los votos a favor de su candidatura.
Los sindicatos que también son señalados de participar como fachada son el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana; y el sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana. Eduardo Sierra González es el representante legal de ambos.
Carpetas abiertas. Desde el 13 de junio, nueve días después de la elección, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila requirió información a la PGR y proporcionó la carpeta de investigación sobre el caso de las tarjetas de nómina Banorte para indagar sobre presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada, electorales o relacionados con ilícitos federales.
En los documentos, la Procuraduría de Coahuila resalta como probables responsables a Guillermo Anaya Llamas (ex candidato del PAN), el senador Luis Fernando Salazar, José Batarse, Alma Rosa Huitrón, Carlos Orta, Alejandro Gámez Handal, Eduardo Sierra, Aldo Minjarez y Jorge Garza.
En la sesión pública del 14 de julio, el Consejo General del INE tocó a fondo el tema y declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a gobernador de Coahuila, Guillermo Anaya. Esto, en razón de que no se acreditaron vínculos entre el PAN y los sindicatos fachada.
Sin embargo, los consejeros del INE informaron que la FEPADE tiene una investigación abierta sobre el tema.
“Cabe mencionar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República tiene una investigación abierta relacionada con los hechos del expediente en que se actúa bajo la clave FED/FEPADE/UNAI-
COAH/0000628/2017, misma que, en caso de acreditar o presumir una posible vulneración a la normatividad en materia de fiscalización por parte del PAN, lo hará del conocimiento de esta autoridad electoral a efecto de que este Consejo General determine lo conducente”, indica la resolución del 14 de julio del Consejo General.
El INE archivó la denuncia como “un asunto totalmente y definitivamente concluido”.
