El Sistema Nacional Anticorrupción
entró en vigor con graves carencias, aseguró la Arquidiócesis Primada de México a través del editorial del semanario religioso Desde la Fe , puesto que consideró que a pesar que de que la estructura orgánica se ha echado a andar, las figuras más emblemáticas todavía permanecen en la incertidumbre.
“Las piezas del sistema exigen una coordinación que ya no debería admitir más dilaciones porque la corrupción ha favorecido en gran medida el crecimiento del crimen organizado, mal que se agrava y cuesta mucho dinero a los mexicanos; destruye y corroe la vida democrática, y aniquila la marcha del país, cuyas autoridades, están seriamente cuestionadas por una ciudadanía en creciente desconfianza”.
Corrupción y negligencia es el título del artículo, en este se afirma que la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción llegó con un pronóstico “fatal” y que pone en entredicho la capacidad política y la sinceridad de sus intenciones por terminar con la corrupción “que permea y asfixia la vida pública del país en todos los niveles, afectando las responsabilidades pública e impactando gravemente en la vida de los ciudadanos, que son víctimas de la misma”.
La Arquidiócesis, encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, recordó en el texto, que al inicio de la presente administración, una de las promesas clave para el sexenio, fue acabar con la corrupción, incluso, al momento de designar a los miembros del gabinete no se incluyó al Secretario de la Función Pública, porque se preveía la desaparición de esta dependencia y en su lugar aparecería un sistema independiente, que sería conducido por personas reconocidas y éticas.
Mencionó que desde mayo de 2015, cuando se promulgó la reforma que estaría encaminada a combatir a la corrupción, se ordenó la estructuración de una legislación que reglamentara el sistema nacional, pero que el conjunto de leyes que el Congreso de la Unión estaba obligado a conformar, no tuvieron tersas negociaciones.
“Al contrario, pasaron por resistencias de la clase política, bajo el tamiz de la ciudadanía que ha exigido la designación de autoridades con capacidades plenas, así como castigar las deshonestidades de la corrupción”.
En este sentido, el texto reafirmó que la puesta en marcha del sistema ahora debe pasar por otra etapa que mantiene estancada la posibilidad de que entre en operación el mismo: la designación del fiscal anticorrupción.
“Esta tuvo una pasarela de candidatos que, al final, conformó una lista que está en el cajón legislativo. Igualmente, los senadores han dilatado la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para la integración de las salas especializadas”.
La iglesia resaltó que a estos inconvenientes se sumó la implementación del sistema en cada una de las entidades federativas, puesto que al momento de entrar en vigor, de acuerdo con el semáforo anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, sólo 14 Estados tenían reformas constitucionales satisfactorias; Baja California Sur y Veracruz reportaban estar listos al 100% para echar a andar sus sistemas. Destacan los casos de la Ciudad de México, con una reforma más bien regular, y de Campeche, Chihuahua y Tabasco, en focos rojos porque sus Congresos ni siquiera han intentado una discusión al respecto.
El editorial concluye en que de nada sirven las buenas intenciones si los mexicanos siguen “diezmados” por la corrupción. “El sistema nace sin la voluntad de la clase política. Con esta negligencia surge inevitable una pregunta: ¿por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque ésta se ha convertido en su motor?”.
