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carina.garcia@eluniversal.com.mx
El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que la coalición Por un Coahuila Seguro, que postuló al priísta Miguel Riquelme al gobierno del estado, excedió en 8% el tope de gastos de campaña, lo que de confirmarse en tribunales, junto con otros elementos, podría poner en la mesa el tema de la nulidad de la elección.
Anoche, en un comunicado, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, informó que la decisión del INE no da certeza jurídica, por lo que “será indispensable acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)” para restablecer el orden.
Su contrincante, el panista Guillermo Anaya, de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, también habría rebasado el límite permitido de gastos en 5%. Los rebases tuvieron una drástica reducción de 23% para el caso de Riquelme y 21.6 % para Anaya.
La decisión se dio por una serie de votaciones divididas del Consejo General, que así cerró la fiscalización de las campañas de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz.
El monto final de los rebases seguirá en incertidumbre, pues de manera inédita el INE dejó abierta la fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidatos en las campañas, al abrir un procedimiento de oficio con el que aún se revisará si realizaron o no pago en sus representantes de casilla.
Aunque los partidos tendrán un plazo de 24 horas para entregar documentación, esta indagatoria estará concluida en agosto, una vez que el INE regrese de vacaciones, del 22 de este mes y hasta la primera semana de agosto.
Luego informará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los montos finalmente acreditados como gastos para que se sumen a lo que ayer resolvió el INE —y le será notificado también a los magistrados—; es decir, que los rebases de los dos competidores punteros fueron de 5% y 8 % del tope.
Coahuila parte al INE. Al reanudarse ayer la sesión que el INE inició el viernes para fiscalizar las campañas, los consejeros continuaron con la decisión, por unanimidad, de restar a todas las campañas fiscalizadas el gasto que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) sumó a partidos y coaliciones que no habrían reportado pago a sus representantes de casilla.
Por ese concepto se habían sumado a Riquelme 3.8 millones de pesos, que le fueron reducidos por ahora, en lo que se investiga, y a Anaya se le restaron 2.9 millones de pesos. Aun así rebasaron los límites de gastos por otros conceptos. Como anticipó EL UNIVERSAL, la votación de cada criterio sumó o redujo gastos a los contendientes.
Coahuila dividió en dos bloques al INE y de hecho se conformó una nueva mayoría. Siete consejeros que, según acusó el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, “actuaron con toda la intención de ir equilibrando”, de modo que a toda resta correspondiera con un aumento de gastos.
En el bloque está el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien inició la sesión con la denuncia de que los partidos incrementaron 471% el gasto no reportado con relación a 2016 —aunque este año fueron 10 elecciones menos— y un llamado a no tener en la mira el rebase, pero tampoco cuidarlo.
Votaron con él en la mayoría de los casos Ciro Murayama, Pamela San Martín, Benito Nacif, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña.
En minoría de cuatro quedaron los consejeros Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Dania Ravel y el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade.
Baños y Andrade, acusaron la presentación de criterios sorpresivos no discutidos en comisión. Entre ellos, el de prorrateo de gastos entre candidaturas sólo de partidos coaligados, pues el PRI dispersó gastos entre abanderados a diputados —con los que no hubo alianza— o entre alcaldes, cuando se coaligó en 10 ayuntamientos, para “diluir gastos”, dijo San Martín.
Adriana Favela impulsó restarle un millón 475 mil pesos a la coalición, por producción de 25 videos transmitidos en el Estadio Santos Laguna. Se logró modificar la matriz de precios y quedó sólo en 140 mil pesos.
A Guillermo Anaya, del PAN, se le redujo por encuestas de salida, un millón 280 mil pesos, pues “por última ocasión” se le sumará a gasto ordinario, no de campaña.
En la sesión los partidos con más fuerza expresaron desconfianza en la imparcialidad de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que encabeza Eduardo Gurza, responsable de auditar gastos de candidatos en 2018.
Lo que generó más desconfianza fue que los días 2, 6 y 7 de julio esa instancia pidió —por fuera del reglamento— información sobre representantes de casilla que debió cargarse al Sistema Integral de Fiscalización.
El representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió trato inequitativo y cuestionó que las quejas en materia de fiscalización se atendieron según el personaje que las presentó.
El perredista Guadalupe Acosta Naranjo acusó que “encontró lo que no debía de encontrar y lo que debe encontrar no lo encontró… ¿Con esta Unidad de Fiscalización vamos a 2018? Estamos fritos”.
El representante de Morena, Horacio Duarte, acusó la existencia de “consejeros secuestrados” por poderes fácticos y demandó la renuncia de quienes ocupan la UTF: “No esperamos mucho de ustedes y no esperamos porque el comportamiento institucional es sumisión al régimen”.
