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Senadores del PAN emplazaron al director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), Benito Neme Sastré, para que responda a la denuncia de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por presuntas irregularidades en la licitación de contratos para mantenimiento de autopistas y carreteras.
Recientemente la organización civil dio a conocer una investigación en la que se presume que autoridades de alto nivel de Capufe beneficiaron a seis empresas, con la filtración de datos para el otorgamiento de diversos contratos, por un monto aproximado de 770 millones de pesos.
Al presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso, los senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, pidieron al titular de Capufe acudir a una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Permanente para responder a la denuncia.
Derivado de una “amplia, acuciosa, fundamentada y detallada investigación”, MCCI detectó que Mauricio Sánchez Woodworth, director general de Infraestructura de Capufe, habría dado información privilegiada a seis empresas que ganaron los contratos, dejando fuera 152 ofertas más económicas.
“Con esta información, esas empresas mejoraron las propuestas de sus contrincantes y lograron obtener los contratos que representan más de 41 millones de dólares”, manifestó Marcela Torres Peimbert.
Destacó que Neme Sastré deberá informar sobre los señalamientos en contra de Sánchez Woodworth, quien presuntamente enviaba información por correo electrónico y WhatsApp a su cuñada, Estela Vega, y al líder del sindicato de Capufe, Marco Antonio Reyes, para favorecer a los empresarios.
“La investigación de MCCI apunta que las empresas involucradas recibieron con dos semanas de anticipación información privilegiada, así como los montos máximos y mínimos para adjudicarse las licitaciones”, indicaron los senadores panistas.
De acuerdo con la indagatoria, las obras de mantenimiento resultaron 100% más caras, pero “convenientemente” no rebasaron el tope fijado por Banobras y Capufe, con lo que se incumplió el artículo 134 constitucional, al no asegurar al Estado las mejores condiciones de precio.
La forma de operar fue a través de depósitos bancarios a nombre de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, una cuenta que maneja Marco Antonio Reyes y su familia, por medio de la cual se pagaron comisiones por la información y asignación de contratos, aseguraron los legisladores.
Lo anterior, dijeron, fue conocido por la filtración de un documento que Capufe reservó por 12 años, en cuyo contenido se informa de todas las obras planeadas por la dependencia, así como los montos clasificados con el carácter de “secretos comercial y fiduciario”.
Al respecto, los senadores panistas consideraron que es absurdo pensar que el titular de Capufe no tuvo conocimiento y, aunque la dependencia se defiende con el argumento de que ya presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y del Órgano Interno de Control (OIC), no es suficiente.
De cada 100 casos de corrupción que se denuncian, 97 quedan impunes y éste no parece ser la excepción, expresaron, toda vez que el actual procurador y el titular de Capufe se encargaron conjuntamente del área jurídica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2012, lo que hace suponer que este caso no va a prosperar a pesar de las evidencias.
Neme Sastré tendrá que explicar también a los integrantes de la Comisión Permanente la falta de eficiencia en su gestión y el servicio deficiente que se da a los usuarios de las carreteras y autopistas administradas por la dependencia, añadieron.
El punto de acuerdo fue turnado en la sesión del pasado miércoles a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su estudio y dictamen correspondiente.
