La Secretaría de Gobernación (SEGOB) deberá buscar y dar a conocer las sanciones impuestas a sus servidores públicos que han sido encontrados culpables o responsables de hostigamiento sexual, acoso sexual o violencia en contra de las mujeres.
También deberá indicar si los castigos han surtido efecto para que no se repitan esas conductas e informar sobre el seguimiento que se ha dado a dichos casos, ello por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).
En respuesta al ciudadano que solicitó esa información, Gobernación se declaró incompetente y le orientó a que realizara su requerimiento ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Inconforme, el ciudadano presentó recurso de revisión ante el Inai, en el que manifestó que, con independencia de que la SFP sea la encargada de sancionar, la SEGOB debe conocer de las sanciones y su seguimiento.
En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y refirió que, al ser la SFP, a través del Órgano Interno de Control (OIC), quien impone las sanciones, dicho órgano no le reporta información.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, expuso que el OIC tiene que notificar la resolución respecto de la imposición de sanciones administrativas al jefe inmediato del servidor público de que se trate, o bien al titular de la dependencia o entidad.
En ese sentido, se indicó que al frente de la Segob hay un Secretario de Despacho quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará tanto de servidores públicos como de unidades administrativas diversas, entre los primeros se encuentra el Oficial Mayor y entre las segundas se encuentran la Unidad General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de lo Contencioso.
La ponencia señaló que existe un Protocolo que establece la implementación de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez, destacó que las mexicanas tienen derecho a vidas dignas, seguras y libres de violencia, al reconocer que todavía falta mucho por hacer.
“En 2014, 47% de las mujeres en México mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual, emocional o económica, según el Instituto Nacional de las Mujeres. En lo laboral, enfrentan falta de oportunidades, brecha salarial y violencia”, dijo.
Salas dijo que 47% de las mujeres considera el acoso como una preocupación en el trabajo, mientras que el 37% ha sido acosada.
Indicó que, según estimaciones de la SFP, los casos de acoso sexual a mujeres, sin considerar otro tipo de hostigamiento, superan los 25 mil al año, pero únicamente 40% de estos casos son denunciados por temor a perder el empleo, entre otras causas.
Joel Salas aseguró que la información pública permitirá saber no sólo cómo México ha avanzado en este rubro, sino identificar las áreas de oportunidad en colaboración con otros actores interesados para atajar la violencia de género en cualquier ámbito
