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El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contrató a la empresa IDS no sólo para mejorar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sino también para corregir las fallas en su operación.
Ello, de acuerdo con un documento que el comisionado del Inai Óscar Guerra Ford, encargado de la herramienta tecnológica, entregó ayer a diputados federales, integrantes del llamado “Caucus Anticorrupción”.
“Este contrato es para la mejora progresiva de la PNT y la corrección de las fallas que se vayan presentando en su operación, así como para la migración de la información del sistema Infomex de cada entidad federativa a la plataforma”, señala la presentación con la que el comisionado explicó los avances de la plataforma.
Para la segunda etapa de la plataforma, en 2016, el Inai pagó a la empresa IDS consultoría, desarrollo y capacitación en TI, cuatro fracturas por diversos servicios, por la suma de 5 millones 904 mil 491 pesos.
EL UNIVERSAL dio a conocer ayer que la plataforma presenta nuevamente fallas en el apartado del Sistema de Portales de Transparencia, donde los más de 8 mil sujetos obligados de los tres niveles de gobierno tienen que subir su información con fecha límite el 5 de mayo próximo.
IDS, junto con Intellego, es una de las empresas que el Inai ha contratado para el desarrollo de la plataforma digital, donde se pueden hacer solicitudes de información, presentar recursos de revisión, verificar toda la información de los sujetos obligados, entre otras funciones.
Este diario buscó a la empresa IDS, pero declinó hablar por un contrato de confidencialidad con el Inai.
Los diputados Minerva Hernández (PAN) y Xavier Nava (PRD) informaron que el comisionado Guerra Ford reconoció que no hay una fecha exacta para cuando la Plataforma Nacional de Transparencia operará sin deficiencias ni errores.
Los diputados informaron que otra de las mayores preocupaciones de los legisladores y los integrantes del Inai es la falta de capacidad tecnológica de algunos estados, ya que hay todavía más de 2 mil sujetos obligados que aún no se suman a esta plataforma.
En entrevista, Minerva Hernández detalló: “Nos comentó que el 4 de mayo es el plazo límite para que esté toda la información en el sistema y en el portal de obligaciones de transparencia, digamos que es la fecha establecida, pero no necesariamente es la que se va a cumplir, son dos situaciones diferentes”.
La panista informó que una gran problemática que se enfrenta es de carácter tecnológico, porque hay cerca de ocho entidades que no tienen un servidor y no pueden participar en la plataforma y no están integrados, por ejemplo: Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí y Baja California, entre otros.
Mencionó que a la fecha hay 6 mil 884 sujetos obligados que ya están conectados a la Plataforma Nacional de Transparencia en todo el país, es decir, hay un déficit de más de 2 mil sujetos obligados que aún faltan por integrarse como sindicatos, órganos descentralizados, entes del sector paraestatal y fideicomisos.
El perredista Xavier Nava coincidió en que no hay una fecha definida para que la plataforma opere de manera óptima, aunque reconoció que ha habido avances y disposición de parte de las autoridades del Inai.
“No hay una fecha exacta, lo que hay es la mejor disposición de seguir trabajando, en estos ‘prueba y error’, que ya está muy adelantado y están funcionando y es perfectible, como todo, hay que seguir impulsando los cambios en las legislaturas de los estados, hay que seguir impulsando incluso a nivel federal para que tengamos este sistema que funcione a plenitud, que le dé resultados a la ciudadanía”, afirmó Nava en entrevista, cuestionado sobre el encuentro.
De las preocupaciones que comparten, es que hay un universo enorme de posibles sujetos obligados, pues hay 6 mil 884 sujetos que forman parte del sistema, pero hay muchos más que no han sido incorporados, “no sabe, y él lo señaló, cuántos sindicatos hay en los estados de Oaxaca y Sinaloa que reciben recursos públicos, y eso es un trabajo que tienen que hacer las entidades federativas a través de los órganos garantes”, detalló el legislador federal.
Se quejó que hay algunos sujetos obligados como en su estado, San Luis Potosí, en los que cobran a más de 50 pesos la hoja y hay expedientes de mil 300 copias, “eso va a ser imposible para un ciudadano demandante de información conseguirla, o sea hay obstáculos que se le ponen, no sólo al avance tecnológico, sino estos impedimentos que pone la autoridad para hacer imposible el acceso a la información”.
