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Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la cual se prevén penas de hasta 30 años de prisión para los responsables.
Esto cuando al cometer el delito estén involucrados servidores públicos o las víctimas sean niños, mujeres, indígenas, personas con discapacidad o que haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual.
Con 90 votos a favor, la Cámara Alta avaló el dictamen que enviaron a diputados como cámara revisora, por lo que el decreto se remitió al Ejecutivo para su publicación.
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que —dijo— está fundamentada en las mejores prácticas internacionales para combatir ese delito.
La nueva ley establece la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y contempla penas de hasta 30 años de prisión para los servidores públicos que incurran en estas prácticas.
Con los cambios realizados por los diputados se establece que el delito de tortura será imprescriptible y se perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.
Se asienta que las pruebas obtenidas a través de la tortura y de cualquier otra violación a los derechos humanos carecerán de valor probatorio ante los juzgados y tribunales.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), consideró como histórica la aprobación de la minuta, porque sin tortura se vislumbrará una nueva etapa en la procuración de justicia.
Expuso que se aceptó armonizar las reglas de responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, para que éstos sean considerados autores del delito cuando lo ordenen a otro.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), señaló que esta ley representa una oportunidad histórica para erradicar la tortura en México.
“Es de reconocer que con esta ley la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, para evitar que los años desdibujen la comisión del delito y siga la impunidad”.
