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Por años, el Estado mexicano no dimensionó el problema de la desaparición forzada y la situación se ha deteriorado; su magnitud se puede observar en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y en el hallazgo de fosas clandestinas en Veracruz.
Ante este contexto, el Poder Legislativo tiene la oportunidad de poner a México como líder a nivel mundial con una ley integral de desaparición forzada que respete a las víctimas, consideró Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Dulitzky destacó que de aprobar la ley, México sería el primer país en avalar una legislación en la materia y recibiría todo el apoyo de la comunidad internacional, incluida la ONU. Dijo que si bien la ley es robusta, lo que le hace falta es definir bien los conceptos de tipos de desaparición.
Recordó que en una reunión que tuvo con senadores, le informaron que la ley podría salir a finales de abril, antes de que termine el periodo de sesiones. Los legisladores deben tener en cuenta “el sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas, a quienes hay que darles una respuesta política, y la mejor que puede tener el Estado mexicano es la adopción de una ley buena”, dijo.
¿A qué debemos su visita?
—En el año 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas visitó México e hizo una serie de recomendaciones, y una de las principales que formulamos fue la adopción de la ley integral sobre desaparición forzada; en este momento el Senado de la República la está discutiendo. Mi intención es apoyar el proceso, que es único y muy importante para tener una ley que permita desarrollar una política pública eficaz de prevención y erradicación. Si el Senado aprueba la ley va a colocar a México en una posición de liderazgo mundial, porque va a ser el primer país que tenga una ley integral sobre desapariciones forzadas.
¿Cuál ha sido el panorama a partir de 2011, cuando presentan el informe, a la fecha?
—En 2011 habíamos recibido información de que había unos 3 mil desaparecidos en México, hoy los datos oficiales son más de 25 mil. Esa cifra da una indicación de lo que ha pasado: la situación se ha deteriorado. Por muchos años, el Estado y gobierno mexicanos no asumieron la gravedad, la dimensión del problema, no se actuó con la debida diligencia y el parteaguas más claro fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la semana pasada el hallazgo de fosas en Veracruz, con 250 restos humanos, indica la gravedad del problema. Por eso es tan urgente e importante que el Senado apruebe la ley lo antes posible.
¿En el Senado qué le dijeron?
—Creen que puede haber un consenso político y antes de que termine el periodo de sesiones, a finales de abril, sería posible que se apruebe la ley. Por eso es fundamental tener en cuenta el sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas, a quienes hay que darles una respuesta política, y la mejor que puede tener el Estado mexicano es la adopción de una ley buena. El contenido del proyecto es muy positivo, pero todavía hay puntos importantes por esclarecer.
¿Qué puntos hay que esclarecer en la ley?
—Uno es la creación de una comisión nacional de búsqueda. Creemos que la comisión es muy importante y tiene que estar dentro del gobierno de la Federación; el fenómeno de la desaparición es federal. La comisión debe tener competencia de establecer el marco general de búsqueda.
¿Qué más necesita para reforzarla?
—Establecer más claramente las distinciones entre desaparición forzada, que siempre requiere la participación de un servidor público; la desaparición a manos de particulares, fundamentalmente del crimen organizado, y la distinción de personas no localizadas. Las investigaciones son muy diferentes y por eso la ley tiene que clarificar el concepto y no diluir la desaparición forzada.
¿Urge la aprobación de la ley?
—Recomendamos que fuera aprobada en 2012, son cinco años y creemos que es necesario. Hay muchos casos que podían ser investigados más eficientemente si hubiese existido la ley. No se ha cumplido y creemos que es el momento.
¿Las Fuerzas Armadas en las calles, también les preocupa por el tema de la desaparición forzada?
—Sí, nosotros en el informe dijimos que el Estado tenía que considerar retirarlas a la mayor brevedad posible de las calles porque el paradigma de las Fuerzas Armadas no es el de la seguridad pública.
La forma en que están entrenadas, capacitadas, estructuradas y cómo operan es para defender la soberanía del país, para responder o atacar a un enemigo. Cinco años después de nuestras recomendaciones, lo que hemos visto es que no han detenido al crimen organizado y las desapariciones forzadas. Es grave la presencia de militares al frente de las secretarías de Seguridad Pública en las entidades; todo eso trae una lógica militar a la seguridad pública que vemos que no produce resultados.
Lo hemos dicho muy firmemente, así como otros organismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han establecido que la presencia de las fuerzas militares no contribuye a la protección de los derechos humanos en México. El debate que se da sobre un proyecto de ley de seguridad interior [que] va a regular la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, enmascara otro problema; lo que tiene que estar discutiendo México es la reforma de sus policías.
¿Qué le diría al Poder Legislativo?
—Que así como colocó a México en la vanguardia con las reformas constitucionales, hoy le tiene que dar respeto a las víctimas. Por cada día que pasa hay miles de familias que siguen esperando por su ser querido; hoy el Legislativo tiene la oportunidad histórica de dar una respuesta que será bienvenida por las familias y va a recibir todo el apoyo de la comunidad internacional, incluido el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.
