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Organizaciones civiles urgieron al Senado para que someta a consulta ciudadana el proyecto de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al argumentar que el proyecto no apoya el manejo comunitario y que su contenido es “regresivo” en materia de derechos de las comunidades indígenas.
Gonzalo Chapela, coordinador de Políticas Públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), detalló que la iniciativa de reforma a la ley forestal fue aprobada en la Cámara de Diputados bajo un proceso “opaco en el que no se abrieron los espacios para la consulta y discusión a profundidad de la iniciativa con la participación de las partes interesadas”.
El proyecto de reforma fue presentado en septiembre de 2016 por la fracción parlamentaria del PVEM y se aprobó el pasado 7 de marzo en la Cámara Baja con 48% de los votos; la minuta fue turnada al Senado el 10 de marzo.
Chapela añadió que el dictamen de la iniciativa de reforma a la ley forestal que elaboró la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, fue criticado en la votación en el pleno “porque no ha sido consultada efectivamente con las partes interesadas del sector forestal, y por contener graves omisiones y errores”.
Representantes de las organizaciones civiles reiteraron la urgencia de que los senadores convoquen a un proceso de consulta que permita enriquecer y corregir la iniciativa, o desecharla por todas las omisiones y regresiones que presenta, y formular un texto congruente, producto de consenso.
Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó que entre los temas que preocupan son las omisiones de derechos de las comunidades indígenas, la inclusión de género y de personas con discapacidad.
Raúl Benet, coordinador de Políticas Públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explicó que pese a que los ejidos y comunidades forestales del país son dueños de 70% de los bosques, viven en condiciones de pobreza y marginación, por lo que “la poca atención sobre la regulación del manejo forestal comunitario no resolverá el estancamiento productivo y de desarrollo de esas poblaciones”.
“Las implicaciones de esta iniciativa no son banales, puesto que en los bosques y selvas del país vive la mitad de la población rural de México, en su mayoría, en ejidos y comunidades. En estas regiones se concentra la pobreza extrema, la marginación, la expulsión de población y el reclutamiento por el crimen organizado, debido a la falta de oportunidades”, dijo.
No combate ilegalidad. Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mocaf, señaló que la minuta turnada al Senado no contempla los medios efectivos para el combate a la ilegalidad, por lo que representa “un retroceso en las funciones del Consejo Nacional Forestal y favorece la opacidad en el gasto público, al limitar la participación social en el Fondo Forestal Mexicano”.
El activista expresó su preocupación porque los recursos y funciones se concentren en la Conafor a un año de distancia de las elecciones presidenciales, lo cual significa “un incremento en la discrecionalidad del gobierno en el uso de recursos y eso es una tentación muy grande para cualquiera”.
Las organizaciones acusaron que la iniciativa deja “insatisfechas” las necesidades del sector forestal y advirtieron que los senadores tienen la posibilidad de abrir el proceso de consulta de la reforma a la ley, y establecer foros de consulta y análisis para arribar a una nueva ley forestal que sí contribuya a resolver los “acuciantes problemas”.
