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Las dependencias del gobierno federal, los estados, municipios y organismos autónomos están reprobados en prácticas de apertura gubernamental de información, de acuerdo con el estudio Métrica de Gobierno Abierto 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el CIDE.
Según el estudio el índice de gobierno abierto en México alcanzó un valor de 0.39, en una escala de cero a uno, en la que cero significa nula apertura institucional y uno, apertura deseable o satisfactoria.
En el índice de gobierno abierto por tipo de sujeto obligado se encontró que los sindicatos, con 0.11 son los más opacos; seguidos por los fideicomisos, con 0.16; los partidos políticos, con 0.21, y el Poder Judicial y los municipios, con 0.42.
Quienes tuvieron una mejor calificación fueron los órganos desconcentrados, con 0.57; el Poder Ejecutivo federal, con 0.55; los organismos autónomos, con 0.54, y los Poderes Legislativos, con 0.51.
“Los resultados de la métrica muestran que los sujetos obligados de reciente incorporación al régimen de transparencia (partidos, sindicatos y fideicomisos) enfrentan las mayores brechas de gobierno abierto.
Los municipios analizados obtienen en promedio mejores calificaciones en el subíndice de participación, en comparación con los sujetos obligados federales y de las entidades federativas”.
Para realizar el estudio se aplicaron evaluaciones de 908 sujetos obligados, por medio de más de 3 mil 600 solicitudes de información.
La comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente de la Mora, aseguró que el estudio servirá de insumo para diseñar las políticas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
“Los hallazgos que se dan a conocer son el reflejo de que la cultura de la transparencia está, poco a poco, creciendo en los servidores públicos y en las instituciones, y estamos conscientes de largo camino que falta por recorrer”, afirmó.
El comisionado y coordinador de Gobierno Abierto y Transparencia del Inai, Joel Salas, destacó que existe la percepción entre la población de que no existen resultados concretos de parte de la autoridad sobre cómo mejorar su vida cotidiana; por ello, dijo, la métrica es un diagnóstico genérico de cómo se encuentran todas las instituciones del Estado.
“Creemos que con este diagnóstico lo que se va a poder realizar es que cada institución, agencia, gobierno o Poder de la Federación pueda determinar con precisión las mejores soluciones para atender esta problemática y que en el mediano y largo plazo nos permita al Estado y su conjunto recobrar la confianza en las instituciones públicas”, expresó.
La representante de la sociedad civil en el Secretariado Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), Ana Cristina Ruelas, dijo que los resultados de la métrica advierten que los sujetos obligados aún no entienden el acceso a la información como un derecho humano y en tanto no lo hagan será difícil que generen respuestas claras y mecanismos de participación ciudadana.
“Es muy complicado generar mecanismos de participación sino asumimos que la información es un derecho y que la información puede servir para potenciar democracias; si no entendemos eso desde los sujetos obligados, esta métrica servirá como línea de base, pero va a hacer muy difícil avanzar”, dijo.
El director de Apoyo e Intercambio a Gobiernos de la Alianza para el Gobierno Abierto, Alonso Cerdán, señaló que este instrumento permitirá identificar las áreas de oportunidad a las autoridades, sobre todo en el área de participación ciudadana.
“Es el área de mayor importancia, si no aumentamos los mecanismos de participación, difícilmente podremos demostrar que el Gobierno Abierto es una opción versus el populismo, el autoritarismo y las fuerzas de marginación, racismo y odio”, dijo.
