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Los mexicanos que residen en el extranjero no podrán votar por Presidente de la República en 2018 mediante internet, puesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tendrá a tiempo el sistema ni contará con las dos auditorías internacionales que exige la ley para operarlo.
Así, se alista a cancelar la posibilidad del voto por internet para esa elección, y desarrollar otro sistema, como la vía postal, para garantizar a los connacionales su derecho al sufragio.
En 2018, los mexicanos fuera del país podrán votar no sólo por Presidente, sino por senadores y gobernadores —donde las leyes locales lo permiten—, y manifestarse en las consultas populares que se aprueben.
El voto postal aplicado en el pasado se perfila nuevamente, pero el INE analizará si, pese a todo, desarrolla el sistema para futuras elecciones, pero a manera experimental y sin carácter vinculante para 2018.
El próximo miércoles, el Consejo General del INE conocerá el Informe de Avances del Desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero, elaborado por la Unidad de Servicios de Informática, en el que se reconoce la imposibilidad del sufragio vía web.
Derivado de éste, “la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero recomienda que dicho sistema no sea vinculante para 2018, ya que no existe certeza en su aplicación”.
Se refiere que de tres alternativas exploradas para desarrollar un sistema de voto por internet, en todas existe “el riesgo de que el tiempo no sería suficiente para concluir el desarrollo del sistema dentro del plazo”.
Se requieren de ocho a 11 meses para tenerlo, más siete meses para auditarlo, como exige la ley, y el proceso electoral federal arranca en seis meses, en septiembre próximo.
En febrero pasado, en reunión con los partidos, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina adelantó la posibilidad de cancelar ese proyecto, debido a los tiempos reducidos y a que la complejidad técnica superó lo esperado, aunque se discutirá si sigue adelante para el futuro.
Además, está el costo, puesto que implica 364.2 millones de pesos con la empresa Everyone Counts —precio de licencia si votan un millón de personas— y 104 millones 96 mil dólares (más de 2 mil millones de pesos) con Smartmatic Inc.
En ambos casos se necesitarán 64.2 millones de pesos más para auditar y contratar personal para adaptar el Sistema y el INE carece de recursos.
Le gana tiempo al instituto. El INE comenzó a prepararse en septiembre de 2016 y exploró tres posibilidades: contratar con una empresa una solución comercial de voto por internet, que el INE desarrollara con sus recursos un sistema, o bien, hacerlo en colaboración con una empresa, pero concluyó que ninguna permitirá tener la tecnología antes de septiembre cuando inicia el proceso electoral federal 2018.
Así lo reconoce el informe citado, en el que de acuerdo con la ley electoral, el INE no puede aplicar la modalidad electrónica de votación hasta que “se haga pública la comprobación del sistema que se pretenda utilizar (…) se deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional”.
Esto alargará aún más el desarrollo de una opción aplicable. Además, “se debe ponderar el riesgo de que las auditorías no concluyan en el tiempo necesario... y que los resultados que se entreguen por parte de los entes auditores difieran entre sí”, por lo que no serviría para 2018.
Según el informe, la opción comercial con las dos firmas mencionadas y sus costos requieren de cuatro meses para el proceso de licitación y adjudicación —si no hay problemas— y luego “para tener una primera versión del sistema llevaría 10 meses”.
Por eso “no se cuenta con el tiempo ni el presupuesto suficiente” para cumplir el plazo y con el dictamen que mandata la ley para que sea vinculante en 2018.
La segunda opción es que el INE desarrolle el sistema, lo que llevaría hasta ocho meses, cálculo que “puede verse afectado como producto de la falta de experiencia que tiene el instituto” con este tipo de sistemas informáticos” y el plazo real será de nueve a 11 meses.
Se requieren menos recursos, 5.98 millones de pesos para reclutamiento y contratación de personal especializado, además de equipo —suma que crecerá—, más 70.44 millones de pesos para auditar y “el tiempo no sería suficiente para concluir”.
La opción tres es que el INE con una empresa desarrolle la tecnología y no tendría costo para el instituto, salvo las auditorías de 70.44 millones de pesos.
En consecuencia, a la fecha existe el riesgo de no poder contar con el sistema auditado en el mes de septiembre, puesto que además faltan las dos auditorías.
