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El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, urgió a legisladores de distintas fuerzas políticas a que aprueben la ley de seguridad interior que les dará el marco jurídico para actuar en labores de seguridad pública, pero les pidió que en este nuevo ordenamiento se delimite el tiempo de actuación, la zona geográfica y el objetivo para el que serán desplegadas las fuerzas castrenses en distintas regiones del país.
Cienfuegos y el titular de la Marina, almirante Francisco Soberón Sanz, tuvieron ayer un encuentro con los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, así como con algunos senadores para que conozcan la opinión de las Fuerzas Armadas sobre lo que debe contener este ordenamiento que se discute en el Congreso de la Unión.
En el encuentro, los titulares de la Sedena y de la Marina entregaron un documento a los legisladores al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, y en él hacen una lista de los elementos mínimos que debe contener la ley de seguridad interior, entre ellos, definir la función del Estado y la existencia de un involucramiento de todas las autoridades.
En el documento describen que las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública están dispuestas a apegarse a los principios de “legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y a una gradualidad”.
En cuanto a los procedimientos, la Sedena explica en el documento que se deben definir las autoridades que intervendrán en los operativos, además de quién será el que coordine los esfuerzos.
También se deben determinar las “acciones a desarrollar, área geográfica, duración” y la forma de intervención de los militares en operativos contra el crimen organizado. Pero también debe haber una rendición de cuentas de cada una de las intervenciones.
En el texto de ocho cuartillas, los integrantes de las fuerzas castrenses también definen lo que desde su perspectiva no debe contener este nuevo ordenamiento, que es una “sustitución de autoridades, y piden no confundir seguridad pública con seguridad interior y funciones de seguridad pública para las Fuerzas Armadas”.
En un apartado del documento, los militares hacen un recuento de las iniciativas presentadas por los senadores Roberto Gil (PAN), Miguel Barbosa (PRD) y de los diputados priístas César Camacho y Martha Tamayo, y describen coincidencias y discrepancias.
Entre las coincidencias detallan que sí incluyen las funciones del Estado, la intervención de todas las autoridades, los principios de actuación, que haya procedimientos expeditos, límites a la autoridad, valoración a la situación actual —apoyos a las entidades—, así como compromisos y obligaciones para la autoridad.
Sobre las discrepancias habla de la regulación exclusiva de las Fuerzas Armadas, la asignación de las funciones de seguridad pública a los militares, procedimientos amplios y complejos, y mezclar la seguridad pública con seguridad interior.
Además, describe la importancia de una ley como ésta debido a que daría seguridad jurídica a la población y a las autoridades; también habría compromisos concretos de la autoridad apoyada y una claridad respecto a las atribuciones de cada autoridad.
En otra parte, la Sedena puntualiza y describe que la seguridad interior corresponde a las instituciones y ésta se refiere a la estabilidad interna, respeto a la Constitución y leyes. Sobre la defensa exterior describe que se deben evitar agresiones externas contra la soberanía, independencia e integridad territorial.
Consensos. Sobre el debate y la construcción de esta ley, el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el dictamen será aprobado en este periodo; sin embargo, reconoció que aún no hay ningún consenso con ninguna de las fuerzas políticas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro, Jorge Ramos (PAN), rechazó que el blanquiazul vaya a condicionar la aprobación de esta ley con alguna otra, pero adelantó que esta negociación no se dictaminará con prisa ni urgencia. “No se va a condicionar la aprobación de una ley por otra. Cada una tiene su autonomía y cada una tiene su finalidad”, dijo.
El coordinador del PRD en la Cámara Baja, Francisco Martínez Neri, recalcó que no apoyan la propuesta de Ley de Seguridad Interior, porque con ella se corre el riesgo de militarizar al país. “Estamos convencidos de que es tiempo de iniciar la profesionalización de la policía a fin de que en un plazo determinado el Ejército y la Marina regresen a sus actividades”, aseveró.
