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Pese a los esfuerzos en la reducción de gastos públicos que diversas áreas gubernamentales han anunciado y puesto en práctica, son los partidos políticos los que no se han sumado a las medidas de austeridad. Y no sólo eso, también toman presupuesto de otros organismos para sufragar gastos que ellos mismos debieran solventar, como el de los representantes que tienen ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes en 2016 obtuvieron 178 millones de pesos adicionales al financiamiento público definido en la ley.
De esta cifra, 56% se destinó al sueldo de los más de 70 asesores con los que cuentan las nueve fuerzas políticas representadas en el órgano electoral; es decir, 100 millones de pesos. Esta cifra es equivalente a lo que el INE paga por rentas de oficinas en la Ciudad de México.
Con 7.5 millones de pesos se pagó el salario anual de secretarias. Otros 68 millones de pesos se asignaron a Órganos de Vigilancia y 2.5 millones restantes se destinaron para boletos de avión y apoyos administrativos.
Estos recursos se les entregan por concepto de financiamiento público en el orden federal y local; sin embargo, en ninguna norma legal se señala que el INE deba otorgarles recursos por concepto de sueldos, salarios, honorarios, viáticos, pasajes y otros apoyos económicos como si se tratara de personal del instituto.
El desglose de los gastos referidos es información pública que se encuentra disponible en la página electrónica del propio instituto.
Los asesores del millón
Durante 2016, PAN, PRI, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), Morena y Partido Encuentro Social (PES) recibieron más de 19 millones de pesos cada uno, mismos que repartieron entre sus representaciones, las del Poder Legislativo y los órganos de vigilancia del padrón.
Por ejemplo, cada oficina de los nueve representantes políticos ante el INE cuenta con 10 plazas, ocho de ellas con honorarios permanentes y corresponden a los asesores, mientras que las dos restantes son presupuestales y están designadas para secretarias.
En promedio, cada partido usa 11 millones de pesos anuales para el pago de asesores, pues cada uno de ellos recibe un millón 379 mil 545 pesos brutos anuales, los cuales incluyen el pago de prestaciones y sin descontar impuestos. Para el pago de las secretarias se destinan 800 mil pesos al año por instituto político. Cada una de ellas tiene un sueldo promedio mensual de 23 mil 300 pesos.
Pese al llamado de austeridad lanzado por el gobierno federal, los partidos políticos no han dejado atrás esta práctica y muestra de ello es la nómina mensual reportada en la segunda quincena de enero de este año, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El pago que reciben mensualmente los asesores de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo es similar al del grupo jerárquico 5 del instituto, de acuerdo con el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017, al que pertenecen vocales ejecutivos locales, directores, vocales secretarios, vocales locales, vocales ejecutivos y secretarios distritales, subdirectores de área y homólogos.
Las nueve representaciones ante el INE reportan tener 10 colaboradores, con excepción del PAN y Movimiento Ciudadano que tienen nueve; Panal, 11, y PRD, 13. Para el pago de estos equipos de trabajo los partidos reciben del órgano electoral 700 mil pesos mensuales en promedio. Aunque hay casos como el de Nueva Alianza que tiene una nómina mensual de 836 mil 196 pesos o Movimiento Ciudadano, de 658 mil 435 pesos.
Los asesores están repartidos en todas las fuerzas políticas de la siguiente manera: cuatro trabajan con el representante político y los otros cuatro con el asesor del Poder Legislativo. Aunque hay casos como el del PRD, en el que Pablo Gómez requiere de siete asesores cuyos salarios mensuales oscilan entre 11 mil pesos y 90 mil pesos. Es el único partido que reporta que un asesor “A6” cueste menos que una secretaria.
En lo que respecta al equipo de Panal, llama la atención que en su nómina aparece en dos ocasiones Jaqueline Alarcón Rivera como asesor de representante de partido político “D”, con un sueldo bruto mensual de 90 mil 694 pesos y otro de 90 mil 608 pesos. A ella la acompaña su hermana Paloma Gabriela Alarcón Rivera, quien también cobra 90 mil 608 pesos mensuales y desempeña el mismo cargo.
Mientras que Movimiento Ciudadano mantiene en su grupo de asesores a David Noé Delgado Rivera y a Nancy Yael Landa Guerrero, quienes cobran mensualmente 90 mil 608 pesos y en 2016 interpusieron una demanda laboral contra el INE, porque en 2015 consideró que no era procedente el pago de remuneración por concepto de productividad o eficiencia que se otorga en el mes de diciembre. Ambas sentencias fueron resueltas en abril pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor del INE.
En lo que respecta a boletos de avión y apoyos administrativos, las representaciones de los nueve partidos ante el INE y sus respectivos consejeros legislativos reportaron un gasto de 2 millones 684 mil 137 pesos. En este rubro la cifra más alta fue la reportada por Acción Nacional, al sumar 350 mil pesos; la más baja corresponde al PRD, 236 mil 984 pesos.
El INE pagó en total 127 boletos de avión. El PAN fue el partido que más viajes reportó, con 11 de su representante, Francisco Gárate, y 21 de sus consejeros del Poder Legislativo.
Gastos de vigilancia
Para órganos de vigilancia, en 2016 cada uno de los nueve partidos recibió 7.7 millones de pesos. Acción Nacional y Nueva Alianza recibieron 500 mil pesos menos; es decir, 7.2 millones de pesos. No obstante, para la operación de las Comisiones de Vigilancia, la Dirección General de Electores incluye en su presupuesto partidas para la operación de estos órganos a nivel nacional, en las juntas locales y distritales
Estas comisiones tienen como atribuciones conferidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) vigilar la conformación del padrón electoral, la entrega de credenciales y opinar sobre la ubicación de los módulos de atención ciudadana, entre otras; sin embargo, la ley que prevé su conformación no señala que se le deban asignar recursos presupuestales.
