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Los Congresos de 17 entidades aprobaron el paquete de reformas constitucionales de justicia cotidiana en materia laboral que permitirá la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

A través de la instalación del nuevo sistema de justicia laboral, la conciliación será obligatoria y de no llegar a un acuerdo, los involucrados pasarán directamente a juicio, dio a conocer el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

Los estados que aprobaron la reforma son Quintana Roo, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nayarit, Tlaxcala, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Campeche, Sinaloa, Aguascalientes y Chiapas.

En conferencia de prensa, señaló que a partir de la entrada en vigor de este sistema desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y en su lugar operarán centros de conciliación especializados, imparciales y autónomos que buscarán mediar entre los trabajadores y las empresas.

“Si a un trabajador lo despide injustificadamente su patrón, lo que tiene que hacer es acudir al centro de conciliación, presentar ahí la demanda, se citará al patrón y en una audiencia de conciliación o las que necesiten llegar a un acuerdo. Si se rehúsan a un acuerdo, inmediatamente el expediente se turna al Poder Judicial y bajo unas reglas de procedimiento tutelar se van a desahogar rápido pruebas y elementos para que el juez determine quién tiene la razón”, dijo el funcionario.

La dependencia pretende conseguir que este nuevo sistema entre en vigor antes del término de la administración, en el año 2018, para no dejar “ningún pendiente” al próximo gobierno.

El documento forma parte de las reformas estructurales que arrancaron al inicio del sexenio, en 2013. El siguiente paso es que el Congreso de la Unión inicie el trámite para promulgar las reformas constitucionales y que éstas puedan entrar en vigor.

Hay un avance en la redacción de las leyes secundarias o reglamentarias que harán operativa esta reforma, dijo Navarrete Prida.

En términos prácticos, la reforma laboral en materia de justicia cotidiana implica que si los asuntos entre patrones y trabajadores no se resuelven por la vía de los centros de mediación, los expedientes serán turnados a los Poderes Judiciales de cada estado o a la Federación, si es el caso, y se irán a juicio; de esta manera, serán los jueces los encargados de resolver las disputas laborales.

“La competencia, hablando jurídicamente, corresponde a los Poderes Judiciales y ellos tendrán que decidir cómo abren esa competencia”, señaló Navarrete Prida.

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