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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y no cobrará un solo peso por realizar su trabajo.
Se trata del doctor Luis Manuel Pérez de Acha, uno de los cinco integrantes del Comité de Participación del SNA, quien afirma que tomó esa decisión por convicción personal y porque comparte el malestar ciudadano sobre la “parafernalia” —automóviles, celulares y helicópteros— que rodea a los servidores públicos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el director y fundador del despacho Pérez de Acha Ibarra de Ruda asegura que como un ciudadano que durante décadas ha luchado contra la corrupción desde la plataforma ciudadana, “no me hace sentido que un ciudadano le cobre a otro ciudadano.
“Tengo años luchando contra la corrupción desde la plataforma ciudadana. He apoyado diversas causas como litigante, mi especialidad es derecho constitucional, administrativo y fiscal, y lo he hecho de manera pro bono, sin recibir una remuneración a cambio. Ahora lo único que hicieron fue cambiarme de escenario, me pasaron de un teatro al Palacio de Bellas Artes, eso es el comité, pues sigo en la misma lucha”, explica.
Con una carrera de más de 30 años como abogado, Pérez de Acha advierte que es “monumental” el reto del combate a la corrupción para los integrantes del Comité de Participación del SNA, “porque no puede volverse una “comparsa” de las autoridades.
“Los ciudadanos y el comité no podemos mantenernos en una omisión de informar a la ciudadanía que los órganos del Estado no están actuando [contra la corrupción], porque nos volveríamos unas comparsa de esos silencios”, asegura en las oficinas de su bufete, en el piso 19 de la Torre Esmeralda, en las Lomas.
Detalla que en breve el comité dará a conocer 10 casos de corrupción más emblemáticos donde estarán desde ex gobernadores hasta organismos públicos como Pemex.
Sobre los altos salarios que reciben los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Pérez de Acha expone que algunas de estas prestaciones están en la Constitución, por lo que el trabajo del Comité quedaría fuera de foco al voltear a ver ese tipo de prestaciones.
“Yo me concentraría más en identificar casos de corrupción en el Poder Judicial que pueden ser más costosos y más agraviantes a la sociedad que los sueldos que se pagan”, señala.
En 2015, tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la petición de información sobre la declaración patrimonial de la primera dama Angélica Rivera, Pérez de Acha y otras organizaciones acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover un amparo para dar a conocer cómo fue la compra del inmueble en las Lomas, conocido como la “casa blanca”.
Prevención y lucha a la corrupción
¿Cuál es la expectativa que se tiene sobre el trabajo del SNA?
—Tenemos que identificar el nivel que va a tener el comité. Se ha querido equiparar nuestro nombramiento a la solución de los problemas en materia de corrupción y la aproximación que tiene que dársele habría que ajustarla. Existe un compromiso de nuestra parte de que la lucha contra la corrupción y la prevención, donde se tiene que trabajar en lo cultural, no sólo con los funcionarios públicos sino con las empresas. No hay que olvidar que la competencia original y exclusiva corresponde a los seis órganos que integran el comité.
Es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el representante del Consejo de la Judicatura, el INAI, entre otros, son las piezas fundamentales en esta gran tarea.
¿Cuál es el objetivo central del Comité de Participación Ciudadana?
—Ser un vehículo de comunicación entre la sociedad y las autoridades responsables en participar en la prevención y lucha contra la corrupción, pero también ese mismo vehículo ser la vía de comunicación de las temáticas que se aborden en el Comité Coordinador hacia la sociedad.
En lo personal, me parece que el Comité de Participación tiene que ser una caja de resonancia, no simplemente un gestor, sino en voceros de las acciones o también de las gestiones no tomadas por las autoridades.
¿Es decir, no guardarán silencio ante las fallas de las autoridades?
—Se ha visto que el nuevo SNA es para que [las instituciones] se coordinen en el actuar, pero si no logramos ponernos en sintonía respecto a ese actuar, el Comité de Participación Ciudadana no puede mantenernos en una omisión de informar a la ciudadanía que los órganos del Estado no están actuando, porque si no nos volveríamos en unas comparsas de esos silencios de las autoridades.
¿Pareciera que en México no pasa nada en el combate a la corrupción?
—Hemos escuchado por amigos, colegas, padres, hijos y hermanos que en México nunca pasa nada en el tema de la corrupción. Momento a momento el tema de hoy de la corrupción dejó en el olvido al tema de ayer, el de antier, el de hace una semana, el de hace un año… Por ello, creo que las funciones del comité es darle marcaje a los casos relevantes y los que no lo son, para que a nivel ciudadano se abandone la percepción de que no pasa nada y que el comité no se convierta en más de lo mismo, porque yo no vine a ser más de lo mismo y mis otros cuatro compañeros lo sostenemos.
¿De qué tamaño es el reto al que se enfrentará el SNA?
—Es un reto monumental, basta echar un ojo al último informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para ver el tamaño de las irregularidades que se presentan en el manejo de los recursos públicos. La sofisticación que se ha alcanzado en temas de corrupción o la manera en que se han usado las universidades públicas para cometer este tipo de actos. No es que las universidades en sí realicen los actos de corrupción, sino que son vehículo de la misma.
Como abogado, ¿qué considera que es lo que ha faltado?
—No sólo se trata de las consecuencias administrativas que se tienen que aplicar, que es tarea de la Secretaría de la Función Pública, sino que también faltan las responsabilidades penales. La ASF tiene presentadas más de 700 denuncias por corrupción en la PGR y están ahí atoradas. Lo que queremos los ciudadanos son resultados, no palabras, no discursos.
¿Hacen falta resultados, como en el caso de los sobornos detectados por parte de Odebrecht?
—En el caso de Odebrecht estallaron los asuntos en Brasil, en Perú, en Estados Unidos y reventaron a Marcelo Obredecht, el gran empresario brasileño condenado en definitiva a 19 años de prisión. En México vuelvo al mismo estribillo: No pasa nada, es increíble. Desde mi perspectiva lo que están haciendo la SFP y la PGR no está en línea de lo que deben hacer.
¿Qué hará primero el comité?
—Entre otras cosas, vamos a buscar 10 casos emblemáticos de corrupción que están abiertos para ver dónde tenemos que dar seguimiento, incidir en las acciones o bien denunciar las omisiones.
¿En esos 10 casos que presentarán veremos a los ex gobernadores?
—No tenemos por qué diferenciarlos, ni tenemos por qué excluir a Petróleos Mexicanos (Pemex) o excluir a cualquier dependencia federal.
¿En esos casos también incluirán al Poder Judicial?
—Voy a proponer formalmente a mis compañeros revisar la corrupción en el sistema judicial, con los jueces federales y locales, porque son la gran cúspide. El Estado de derecho y el combate a la corrupción van a depender de la última decisión que tienen los jueces o bien si la corrupción viene del Poder Judicial, ahí está el cajuelazo de los 4 millones de pesos en efectivo en un funcionario, quien es el responsable, es otra cosa.
En el Poder Judicial hay salarios superiores a los del Presidente de la República, ¿considera que deben ir a la baja?
—Algunas de estas prestaciones están en la Constitución. Creo que el trabajo del comité quedaría fuera de foco al voltear a ver ese tipo de prestaciones, yo me concentraría más en identificar casos de corrupción en el Poder Judicial que pueden ser más costosos y más agraviantes a la sociedad que los sueldos que se pagan.
¿Por qué decidió no recibir su sueldo como integrante del comité?
—En mi comparecencia como aspirante presenté el tema de no recibir un salario. Es una convicción personal y por la situación que vive nuestro país.
¿Esta decisión es por el malestar generalizado de la ciudadanía?
—Me toca recibir y participar en los cuestionamientos y en la gran parafernalia que rodea —carros, celulares, viajes, helicópteros mal usados en Conagua y Pemex—, porque corrupción no sólo es echarse dinero a la bolsa, el mal uso de bienes públicos en favor de uno se llama peculado, delito que se sanciona hasta con 13 años de prisión. Tengo años luchando contra la corrupción desde la plataforma ciudadana, he apoyado diversas causas como litigante y lo he hecho de manera pro bono, sin recibir una remuneración.
No me hace sentido como ciudadano que participa en las mismas causas en beneficio de los ciudadanos le cobre a los ciudadanos. Ojo, reconozco que el trabajo tiene que ser remunerado y respeto a quien decida cobrar un sueldo.
¿Considera que sus compañeros harán lo mismo?
—No lo hemos abordado. Ellos conocen mi convicción porque es pública y no lo hemos comentado por la sencilla razón de que no hay dinero sobre el cuál hablar, carecemos de presupuesto, oficinas, de personal, de todo eso.
¿Usted de qué vive?
—Yo tengo mi despacho, el cual establecí de forma independiente en 1984 y llevo 33 años construyendo un nombre, generando una base de clientes importantes y contando con el apoyo de personal profesional que me ha acompañado por 22 años.
¿El comité debe guardar distancia del Ejecutivo?
—Demos de ser completamente autónomos, no debemos olvidar que el poder público tiene herramientas de seducción, no me refiero a la seducción del dinero, sino que tienen sus maneras que pretenden irnos llevando, en eso debemos estar muy atentos. Afortunadamente, mis compañeros tienen mucha experiencia en este tipo de temas y sabrán alertarnos de cuando nos estemos dejando llevar con parcialidad.
¿Usted se reuniría con el presidente Enrique Peña Nieto?
—No, me parece que si el Presidente no es parte del SNA es jefe directo de algunos de los responsables, nuestra cercanía o el acercamiento con él podrá ser desventajoso, porque podrá afectar nuestra credibilidad, esa es mi opinión personal. Además, porque manejé un caso muy conocido y creo que esa distancia es conveniente por dignidad profesional.
