Ante la repercusión que tuvo el alza a los precios de las gasolinas, dependencias federales, así como organismos públicos se aprietan el cinturón con la aplicación de programas de austeridad que, hasta ahora, significarían un ahorro de 41 mil 70 millones 300 mil pesos.
Organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), la Auditoria Superior de la Federación (ASF), así como el Poder Judicial, el Congreso de la Unión y algunas dependencias federales han anunciado recortes por esa cantidad; sin embargo, el gobierno federal argumentó que el subsidio a las gasolinas significaría un gasto de 200 mil millones de pesos, por lo que se dejó de subsidiar a los combustibles y esa fue una de las razones —entre otras como los precios internacionales— para implementar el alza a los costos de los combustibles.
Lourdes Morales Canales, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien actualmente dirige la oficina de proyectos sobre rendición de cuentas, aseguró que las medidas de austeridad son una buena respuesta, de entrada. No obstante, calificó como preocupante que sea una reacción epidérmica y política en un contexto de excesos de algunas instituciones y si en verdad se quiere dar una respuesta a la ciudadanía para deshacerse de gastos que no contribuyen a la funcionalidad institucional.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Eduardo Bohórquez, titular de Transparencia Mexicana, señaló que es una buena señal que las instituciones públicas del país revisen en qué rubros están gastando de manera inercial para tratar de eliminar ciertas condiciones que la sociedad interpreta como privilegios.
Sin embargo, el especialista aclaró que muchas medidas de austeridad no son permanentes, sino ajustes de emergencia ante el reclamo social, más no correcciones estructurales a la forma en que se diseñan los presupuestos de la administración pública federal o que los otros órganos constitucionales.
“No habrá forma para que a través de los recortes planteados se compensen los subsidios previos a la gasolina; claramente, eso no va a ocurrir”, precisó.
Para Bohórquez, el tema de fondo es que se acabe con los privilegios y haya una revisión muy minuciosa de los presupuestos en cada uno de los Poderes de la Unión, las fuerzas del Estado, en los órganos autónomos y también en los partidos políticos.
La coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) llamó a estar atentos para identificar a dónde se dirigirán los recursos que se recorten de los organismos públicos y dependencias federales.
“Veamos dónde irán a parar estos recursos. El problema es qué tanto es una reacción epidérmica y qué tanto es una medida de fondo, porque están reaccionando al desprestigio de acciones gubernamentales que no han generado los resultados esperados”, expresó.
La especialista en temas de transparencia criticó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no quieran mover un peso de sus asignaciones”.
Consultada al respecto, María Elena Pérez-Jaen, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, ahora Inai), dijo que los 41 mil millones de pesos que buscan ahorrar las dependencias significan sólo “limosnas” para la sociedad.
“Creo que estos 41 mil millones de pesos son una limosna, porque hay un problema estructural de los tres Poderes [de la Unión] y de los organismos autónomos; eso es el dispendio. No sólo es devolver los bonos. Eso son migajas, una limosna, Deben eliminar los moches y modificar el financiamiento de los partidos, porque éstos quedan intocados.
“Estas medidas anunciadas no resuelven nada, son sólo para quitarle el enojo a la sociedad, no hay una medida de fondo”, expresó.
Por su parte, Javier Garduño, coordinador del programa de justicia fiscal y desigualdad de FUNDAR, afirmó que la respuesta de los organismos y dependencias federales llega tarde, pero va en el sentido correcto debido al contexto de desconfianza hacia las autoridades. Añadió que pone en la agenda pública la necesidad de cuestionar los privilegios de las autoridades y de la clase política desde hace años.
Garduño detalló que el monto que actualmente se reúne con los recortes no significa que se llenará el hueco en las finanzas públicas.
“La realidad es que el Estado sigue gastando más de lo aprobado, a pesar de los recortes de 2015. Es una tendencia que preocupa porque existe el riesgo de que no signifique una disminución de los gastos superfluos”, señaló.
Garduño aseguró que se debe “utilizar la lupa” para conocer si los reintegros van dirigidos a la Tesorería de la Federación y que así se evite un uso discrecional de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda.
“Es preocupante que en este contexto no tomen nota otras dependencias del problema que está existiendo. Aun así, es una buena señal que las distintas autoridades se aprieten el cinturón; pero aún falta mucho para reconstruir la confianza y saber si estos ahorros se reflejarán en temas prioritarios”, dijo.
Los recortes
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, informó que a lo largo de 2017 el gobierno federal recortará más de 35 mil millones de pesos en gasto operativo, recorte al que habrá de sumarse otro de 10% en la partida de sueldos y salarios.
El Congreso también planteó aplicar medidas de austeridad ante las críticas por la asignación de bonos de fin de año y el pago de vales de gasolina a legisladores y funcionarios.
En una reestructura de sus gastos, el Senado de la República busca reducir hasta en 908 millones de pesos su gasto de 2017 con recortes en asesores de comisiones, telefonía, gastos médicos mayores, vales de despensas y gasolinas.
Por su parte, la Cámara de Diputados no se queda atrás y pretende impulsar un recorte de 97.3 millones de pesos que corresponde a la cancelación del bono secreto —que para finales de 2016 fue de 75 millones de pesos—, además de cancelar los viajes internacionales, los vales de gasolina (con un presupuesto de 9.3 millones de pesos) y disminuir 25% (13 millones de pesos) del gasto alimentario. Aunado a eso, los diputados federales buscan rechazar la prestación de telefonía celular.
El Poder Judicial se sumó al plan de austeridad y pretende recortes por el orden de mil 900 millones de pesos, lo que significa menos gasto en viáticos y pasajes; no adquirir bienes muebles e inmuebles, y reducir el gasto en eventos y difusión.
Estos recortes del Poder Judicial incluyen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“También se diferirán proyectos de obra pública no prioritarios, se devolverán al erario público los ingresos excedentes y reducirán las vacantes temporales en plazas jurisdiccionales que se generen en el transcurso del año”, informó el Poder Judicial en un comunicado.
De la misma forma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aplicará una reducción de 10% al gasto en servicios personales, por lo que a partir de este año empezará a aprovechar plenamente el ahorro de casi 2 mil millones de pesos que representó la cancelación de 4 mil 137 plazas el año pasado.
De acuerdo con un análisis, la SCT iniciará la implementación de un programa de reestructura y modernización administrativa que consiste en la identificación de aquellos puestos cuyas funciones se duplican y que, por lo tanto, son susceptibles de compactarse o eliminarse.
Entre los recortes destacan la reducción del parque vehicular en 40%, con el ahorro de combustible que ello conlleva. Adicionalmente, se tiene considerada una disminución de 25% en servicios de fotocopiado, limpieza y energía eléctrica, entre otros rubros, así como la implementación de medidas más rigurosas en lo que se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.
En lo que corresponde a la telefonía celular, la SCT informó que los planes contratados serán los básicos y en caso de que existiera alguna diferencia en el consumo, ésta deberá ser sufragada por el servidor público usuario.
El Instituto Nacional Electoral, por su parte, anunció la cancelación de la ampliación de su sede, lo que significa un ahorro de mil 70 millones de pesos que serán devueltos al gobierno federal; aunado a esto, busca recortar 10% los salarios de altos funcionarios (sin que se detalle el monto total), quienes también renunciaron a la prestación de telefonía celular.
Del mismo modo, debido a las críticas por un gasto excesivo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos reducirá su presupuesto para abonar a la austeridad y busca tener un ahorro este año de 45 millones de pesos.
El Inai pondrá a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el ciclo fiscal 2017 y de acuerdo con la normativa establecida, la cantidad equivalente a 5% del gasto institucional (45 millones de pesos) y reducirá ingresos de los comisionados y mandos medios y superiores, al eliminar en su totalidad los gastos de representación y 50% de la telefonía celular. Además pretende reducir el uso de vehículos oficiales y, en consecuencia, el gasto en combustible.
La Auditoría Superior de la Federación anunció que ahorrará 50 millones de pesos, cifra que será reintegrada a la Tesorería de la Federación en cortes mensuales y transparentada a la opinión pública de manera periódica con el fin de que se conviertan en recursos disponibles para otros conceptos.
En un comunicado, la dependencia que encabeza Juan Manuel Portal informó que no subirá los sueldos del personal de mandos medios y superiores como lo realiza desde hace siete años. Además, los directores generales de la institución no contarán con vehículo asignado ni vales de gasolina.
Asimismo, se determinó cancelar la renta de inmuebles debido a la ocupación de la nueva sede de la institución. También reducirá hasta 50% sus gastos de difusión. Reducirá además 100% en estudios e investigaciones contratadas con externos.
