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Ante la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el próximo viernes 20 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo en el que rechaza la construcción de un muro en la frontera entre México y su vecino del norte y acuerda no asignar recurso alguno para su edificación.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechaza la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y exhorta al Ejecutivo federal a continuar manteniéndose firme a la oposición a dicha obra. La Cámara de Diputados hace suya la decisión de no asignar recurso alguno para su financiamiento”, describe el documento avalado por todas las bancadas en el Congreso de la Unión.
El acuerdo leído por el presidente del Congreso de la Unión, el diputado panista Javier Bolaños, manifestó su enérgico rechazo a las múltiples declaraciones y amenazas hechas por Donald Trump en contra de México y los mexicanos. Los legisladores se pronunciaron por una relación bilateral basada en el benemficio, respeto, cooperación, prosperidad, seguridad y el desarrollo de ambas naciones.
En el documento de siete puntos, los legisladores también exhortan al Ejecutivo Federal para, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emita un pronunciamiento oficial respecto de las posturas de política exterior contra nuestro país que ha anunciado el presidente Donald Trump, y para que diseñe y dé a conocer las estrategias de protección del interés nacional ante las políticas antimexicanas anunciadas, que contengan las acciones necesarias para prevenir las consecuencias de su implementación.
Recordaron que desde que inició su campaña Donald Trump ha utilizado un discurso y una postura, claramente antimexicana, xenófoba, amenazante y de menosprecio a la buena relación y vecindad que han mantenido México y los Estados Unidos de América y sus reiteradas manifestaciones han incitado al odio y desprecio a las personas migrantes mexicanas, al exacerbar un ánimo discriminatorio y racista que atenta contra su integridad y sus derechos humanos.
También describen que ha amenazado con deportaciones masivas generalizadas sin considerar que la mayor parte de los mexicanos que residen y trabajan en Estados Unidos, tienen derechos adquiridos y contribuyen al desarrollo de la economía y cultura de ese país aportando una fuerza laboral indispensable para sectores específicos de la economía estadounidense.
“Su posición y proceder proteccionista representan una amenaza para el desarrollo económico de ambas naciones, y violenta los acuerdos comerciales existentes propiciando incertidumbre que perjudica las inversiones y el malestar de los ciudadanos de ambas naciones”, detalla el acuerdo.
