El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, rechazó que el costo anunciado para las gasolinas en 2017 sea un nuevo impuesto y afirmó que mantener el precio artificial del combustible, hubiera generado recortes al gasto público o nuevos impuestos para el 2017.

En un comunicado, el líder priísta dijo que su partido respalda la decisión del gobierno federal de poner fin a los precios artificiales de los combustibles y desligarlos de cuestiones políticas y recaudatorias.

Indicó que el nuevo precio de la gasolina es resultado del incremento del costo del petróleo en el mundo y el alza del valor del dólar.

Aseguró en este sentido que el nuevo precio de las gasolinas no obedece a un nuevo impuesto recaudatorio, pues afirmó que en 2017 el impuesto sobre las gasolinas disminuirá de 4.60 pesos a 3 pesos por litro.

Ochoa Reza demandó a los partidos políticos de oposición a actuar con responsabilidad y a no hacer de este tema una bandera política populista.

Asimismo, exhortó a la PROFECO a aplicar operativos en todo el país para combatir la especulación con el precio de la gasolina, y demandó al gobierno federal reforzar las medidas de seguridad necesarias para combatir el robo y tráfico de gasolinas en México.

Insistió que la reforma energética traerá mayor competencia en el sector de las gasolineras, de la refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, con lo que existirán mejores condiciones de calidad, servicio y precio para todos los consumidores del país.

El presidente del CEN del PRI indicó que si se mantuvieran los precios artificiales de las gasolinas para 2017, el gobierno tendría que recortar al menos 200 mil millones de pesos o aplicar nuevos impuestos para todos los mexicanos.

El dirigente explicó que ya en el pasado, de 2006 a 2014, se mantuvo un precio artificial de las gasolinas en México, lo que significó un costo de 1.1 billones de pesos, es decir 6.7 puntos porcentuales del PIB.

Ochoa Reza subrayó que ese dinero pudo haberse utilizado en beneficio de los mexicanos a través de más gasto social, salud,  educación o en la creación de nueva infraestructura en el país.

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