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Por considerarla una práctica corrupta y un mecanismo de control sobre los diputados por parte del gobierno federal, el ex presidente nacional del PRD y diputado federal Agustín Basave presentó una iniciativa para acabar con los fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) y el de Proyectos de Desarrollo Regional, mejor conocidos como “fondos para moches”, en los que para 2017 los legisladores tuvieron la facultad de repartir una bolsa, entre estados y municipios, de 26 mil millones de pesos.
En su iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Basave detalla que los diputados han caído en el juego de la Secretaría de Hacienda, en el cual —para asegurar la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación— les han otorgado un margen de discrecionalidad individual con el reparto de ambas bolsas a su favor.
Fortalece y Proyectos de Desarrollo Regional otorgan la facultad a los diputados para repartir ambas bolsas, de manera discrecional, a estados y alcaldías para que se concreten obras locales y así los legisladores tengan la simpatía tanto de políticos como de la sociedad; sin embargo, también hay quienes los han utilizado para cobrar comisiones o moches a los gobiernos estatales o municipales.
Basave, quien declinó la asignación de éstos recursos para 2017, afirma que esta práctica la importó el anterior secretario de Hacienda, Luis Videgaray, del Estado de México y sirve para controlar a los diputados.
“Rechacé lo que me tocaba asignar, porque me parece que es un mecanismo viciado de origen, que tiene como propósito controlar a los diputados, o por lo menos incidir en sus decisiones. Es una herramienta que introdujo Videgaray cuando fue secretario de Hacienda, la importó del Estado de México y que es absolutamente perversa”, describe Basave Benítez en entrevista para EL UNIVERSAL.
Plantea nueva distribución
En su documento, Basave propone crear el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y éste se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos, que se nutrirá con un monto equivalente a 0.9% de la recaudación federal participable.
La distribución de dichos recursos del fondo se realizaría de manera proporcional al número de diputados con los que cuenta cada entidad y así evitar que sean repartidos de manera discrecional por los legisladores de la Cámara Baja.
De este fondo se le subdividirán dos subfondos: El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal, al cual deberá corresponder 0.6% de la recaudación federal participable, y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, o de las demarcaciones territoriales; en el caso de la Ciudad de México le corresponderá 0.3% de la recaudación federal participable.
Los recursos de este fondo serán destinados para pavimentación de calles y avenidas; alumbrado público; drenaje y alcantarillado; mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, y otras acciones de infraestructura urbana y social, siempre y cuando se demuestre la pertinencia de la obra e impacto que tendrá en beneficio de la población.
Transparencia
En su propuesta de modificación, Basave Benítez detalla que “la secretaría deberá enterar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sin mayores requisitos y en una sola exhibición a los estados, a más tardar, en marzo de cada año. Por su parte, las entidades deberán enterar los recursos del fondo correspondientes a sus municipios o demarcaciones territoriales, en el caso de la Ciudad de México, a más tardar en abril de cada año”.
Plantea que los recursos de este fondo no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación. Del monto asignado al fondo se podrá destinar hasta 1% para la administración del mismo y transferirá a la auditoría local el equivalente de uno al millar de cada proyecto convenido con cargo al fondo para su fiscalización, con este propósito dicha instancia deberá seleccionar una muestra representativa de 20% de los proyectos apoyados con recursos del fondo.
Las entidades deberán presentar a la Secretaría de Hacienda un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre.
Además, los estados, por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, deberán hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de recursos que con cargo a este fondo realicen a sus municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de sus respectivas páginas de internet.
Escándalos por corrupción
El legislador del PRD detalla que el otorgamiento de los recursos de parte de cada legislador, además de ser un fraude a la ley, puesto que la Constitución no otorga tal función —ni tampoco lo hace ninguna de las normas que integran nuestro estatuto jurídico—, “ha contribuido a privilegiar la gestoría de la obra pública de carácter estatal o municipal entre las tareas de los legisladores, en detrimento de una función vital para la configuración de la Cámara de Diputados, como es la de ser el contrapeso del Ejecutivo y no una instancia de aprobación de las decisiones presidenciales. En el mejor de los casos, esta función de gestoría deriva en actos permanentes de campaña”.
Por eso, dice que no es extraño que se hayan suscitado escándalos de corrupción por parte de algunos legisladores que han cobrado comisiones, que “son destinadas a futuras campañas políticas o al enriquecimiento personal.
“Hay diputados que han actuado con integridad y han beneficiado a sus estados, municipios o distritos, pero no debemos depender de la buena voluntad de la clase política. Es preciso restringir la discrecionalidad y propiciar la transparencia. Por otro lado, a pesar de la aprobación de los recursos para dichos proyectos por la Cámara de Diputados, es un hecho irrefutable que año tras año una parte importante de estos recursos deja de ejercerse, porque las autoridades estatales y municipales son omisas en realizar los trámites necesarios para la ejecución de los recursos.
“Tampoco es un secreto que este problema se genera fundamentalmente porque los proyectos a realizar a menudo se improvisan con tal de asegurar la provisión del recurso en el Decreto del Presupuesto”, señala.
Basave Benítez reconoce que no le ve mucho futuro a su iniciativa, porque es una práctica que se ha arraigado entre los legisladores, pero la presentó para que se abra el debate y no le importa que se convierta en el diputado más impopular en la Cámara Baja al rechazar la asignación de estos fondos para moches, al donar su “bono secreto” de 150 mil pesos o por haber rechazado el seguro de gastos médicos mayores.
“Qué me sancionen”
El diputado del PRD refuta las declaraciones del vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien el pasado jueves aseguró que los legisladores no pueden donar su “bono secreto” y si lo hacen lo tendrían que restituir a las arcas de la Cámara de Diputados.
“Ahora resulta que [Jorge Carlos] Ramírez Marín me va a impedir que done el bono a la gente que lo necesita más que nosotros y que sólo se puede usar para cuestiones legislativas, que sabemos que esos muchas veces son disfraces para echárselos a la bolsa. Ahora resulta que me van a prohibir donarlo para una buena causa… ¡por favor!, lo hago y me vale gorro lo que diga él, y si me van a sancionar... que me sancionen”, dice el perredista.
