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politica@eluniversal.com.mx
A partir del 1 de enero de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá la lupa a los ingresos extras de los diputados.
A través de un oficio, el organismo informó a la Cámara Baja que a partir del próximo año tendrán que comprobar el gasto de todos los recursos que reciban como apoyos por el concepto de asistencia legislativa, 45 mil 786 pesos, y por atención ciudadana, 28 mil 772 pesos, y si no comprueban estos gastos, tendrán que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Lo mismo para los recursos que reciben por boletos de avión, que les depositan en efectivo, de lo contrario pagarán impuestos o tendrán que pagar el ISR correspondiente. El SAT no considerará esos ingresos para efectos del ISR, siempre y cuando se utilicen para los fines a los que se dieron y se comprueben con factura fiscal.
En un oficio, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, el SAT informó a los diputados que a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, las asignaciones por atención ciudadana, asistencia legislativa, o parlamentaria, gastos de gestión parlamentaria, apoyo y gastos sujetos a comprobación que sean propios del trabajo, gastos de viajes en actividades oficiales y apoyo para traslado, entre otros, tendrán que ser comprobados.
En el oficio del 29 de noviembre, firmado por Juan Antonio López Vega, administrador central de Normatividad en Impuestos Internos, se da una serie de recomendaciones a los diputados para que puedan comprobar sus gastos de forma adecuada y no tengan que pagar ISR.
En el documento turnado por el secretario general de la Cámara de Diputados a los coordinadores el pasado 7 de diciembre, se detalla que si no pueden comprobar a nombre de la Cámara de Diputados, lo podrán hacer a nombre del legislador, “siempre que el campo correspondiente a la descripción del CFDI se especifique que el pago se hace por cuenta de la Cámara o Congreso y además se cuente con los contratos respectivos a nombre del legislador”.
Sobre erogaciones que amparen servicios relacionados con un inmueble arrendado, tales como electricidad, agua o teléfono, se autoriza a que los CFDI que se recaben estén a nombre y con la clave del RFC del propietario del inmueble, siempre que el diputado cuente con el CFDI y contrato correspondiente al arrendamiento del inmueble, suscrito por el legislador y en el mismo se establezca la obligación de realizar dichos pagos”.
De acuerdo con coordinadores consultados por EL UNIVERSAL, la medida se aplicará para todos los Congresos del país, locales y federales, es decir, Cámara de Diputados y Senado.
Señalaron que esto es histórico y nunca se había aplicado, pues el Congreso y otras instancias habían caminado sin control de la Secretaría de Hacienda.
El lunes pasado, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los diputados fueron informados de la notificación de la resolución del SAT sobre asignaciones y apoyos a legisladores.
Con el fin de dar más detalles del tema a los diputados, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, dará una explicación mañana junto con el titular del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, a los coordinadores parlamentarios al interior de la Jucopo.
Se sabe que en esta reunión también se les va a explicar a los legisladores cómo facturar esos recursos o de lo contrario pagarán impuestos.
EL UNIVERSAL consultó a distintas fuentes de la Cámara de Diputados; sin embargo, no hicieron comentarios.
Rocío Nahle, coordinadora de Morena, confirmó que acudirá Santín Quiroz a San Lázaro a dialogar con los diputados e informó que esta dependencia envió el oficio a la Cámara Baja.
“Mañana viene el del SAT, precisamente en la Jucopo, nosotros pedimos que viniera porque tenemos que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, ceñirnos a ella, y el SAT mandó un documento muy ambiguo, queremos que venga porque tenemos que hacer la normatividad aquí en Cámara y se tiene que pagar el impuesto a lo que se tiene que pagar”, explicó la diputada federal.
Recordó que a partir del 1 de enero entra en vigor la Ley de Transparencia para diputados, y para pagar impuestos que el SAT argumenta que no se pagan, se tiene que reglamentar esto.